- Ser joven es uno de los factores de exclusión social que ha sacado a la luz la pandemia, que después de casi dos años ha dejado a once millones de personas en esta situación, 2,7 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años, y ha duplicado la precariedad laboral, que alcanza a casi dos millones de hogares.
Son algunas de las conclusiones del informe Evolución de la cohesión social y consecuencias de la covid-19 en España, elaborado por la Fundación Foessa y presentado ayer por Cáritas, que alerta de la “profundización” de la desigualdad en la sociedad, con seis millones de personas en pobreza severa, la cifra más elevada desde 2007.
La tasa de exclusión de la población menor de 30 años es algo más de tres veces superior a la de la población mayor de 65 años. “Para los jóvenes es el segundo mazazo en poco tiempo. Han vivido dos crisis muy seguidas”, lamentó el secretario técnico de Foessa, Raúl Flores.
Según la investigación, basada en una encuesta a 7.000 hogares, la precariedad laboral se ha duplicado, lo que también ocurre en la tasa de desempleo total familiar, con casi dos millones de hogares donde todas las personas activas están en paro.
El informe revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento durante la crisis de 2008, y que crece el número de trabajadores pobres.
La pandemia también ha aumentado la brecha de género al tener más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería. Además de la edad y el género, la nacionalidad es otro factor de exclusión: el 50,3 % de los hogares con extranjeros están en esta situación, porcentaje casi tres veces mayor que en los españoles.
El informe destapa un nuevo factor de exclusión social en la sociedad: la desconexión digital. Alrededor de 1,8 millones de hogares viven esa brecha de manera cotidiana, sobre todo los hogares conformados sólo por mayores de 65 años y personas que viven solas.
También ha dejado huella la pandemia en los gastos habituales de las familias: tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir el dinero destinado a alimentación, ropa y calzado. Desde Cáritas y Foessa creen que hay “margen de mejora amplio”, pero consideran necesario “perfeccionar” el sistema de protección social y proponen, entre otras medidas, mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital.
