- Es un hecho que la sociedad vasca está hoy más sensibilizada que ayer con la igualdad. Aun así persisten distintos estereotipos o bulos directamente, como la existencia de denuncias falsas de violencia machista, que entorpecen la lucha y deslegitimación de este tipo de agresiones.
Casi tres de cada diez personas consideran que hay denuncias falsas pese a que el porcentaje de condenas por este motivo el año pasado representó el 0,0074%. Traducido a cifras, en 2020 se interpusieron en el Estado español 150.785 denuncias por violencia de género y, según los datos aportados por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual, no se pudo demostrar que alguna de ellas fuera mentira. No obstante, el 27% de la ciudadanía vasca sostiene que “hay muchas denuncias falsas en los casos de violencia de género”.
Así se desprende del estudio Violencia contra las mujeres en Euskadi: Percepción Social y Actitudes realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica que ayer presentó la consejera de Igualdad, Beatriz Artolazabal, tras el Consejo de Gobierno en el que se aprobó la declaración institucional con motivo del 25-N, el Día Internacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
En esta declaración, el Gobierno Vasco mostró su “más firme repulsa” contra todas las expresiones de violencia sexista y su “compromiso” para seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de la violencia que, en lo que va de año, ha provocado dos víctimas mortales en Euskadi y 37 en el Estado.
Mucho más arraigados que las denuncias simuladas, la sociedad vasca mantiene otros tópicos que desdibujan la naturaleza misma de esta violencia, es decir, la se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Estos estereotipos, además, no son nada banales ya guardan relación directa no solo con las motivaciones y atenuantes sino también con el perfil de las víctimas propiciatorias a padecer este tipo de agresiones. Y es que según el estudio realizado por el Gobierno Vasco, la mitad de la población vasca considera que “el alcohol o las drogas están detrás” de esta violencia y, prácticamente, el 25% considera que la “mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género son migrantes”.
Las falsas percepciones en torno a este tema que siguen circulando por la calle son quizás el punto más oscuro de este informe, que constata que el 84% de la población vasca considera que combatir la violencia machista debe ser una “prioridad”. Solo el 14% opina que es “importante” pero que hay otros problemas más importantes. Otra de las conclusiones más interesantes del estudio refleja que cada vez hay más personas que vinculan esta violencia con la situación de desigualdad existente entre los hombres y las mujeres.
En concreto, el 89% de la población está muy o bastante de acuerdo con que mientras persista la desigualdad de género continuarán las agresiones sexistas, frente a un 77% que pensaba lo mismo en 2015. El Gobierno Vasco reconoce “la mayor sensibilización de la sociedad vasca con la igualdad” y que demanda “más medidas”.
El Ejecutivo de Gasteiz sitúa en esta exigencia creciente la futura reforma de la Ley de Igualdad. El texto de apoyo a las víctimas y “supervivientes” y repulsa de la violencia sexista se recuerda que el Parlamento Vasco aprobará la modificación de la Ley ”que viene a reforzar las políticas de igualdad y contra la violencia machista y va a suponer un revulsivo en el trabajo que el Gobierno viene realizando”. En esta línea, subraya que la reforma incide en que “es indispensable seguir trabajando en igualdad para acabar con la violencia hacia las mujeres”. Lakua cree “necesario la implicación de toda la ciudadanía” y, para ello, impulsa “un pacto social”.
Líneas rojas. El estudio Violencia contra las mujeres en Euskadi: Percepción Social y Actitudes revela que la sociedad vasca apunta al acoso y hostigamiento a través de las redes sociales y la violencia psicológica ejercida por la pareja o expareja, como principales formas de violencia de género. Los comportamientos que la mayoría considera más graves son: golpear, pegar o empujar (92%), obligar a mantener relaciones sexuales contra su voluntad (87%), difundir imágenes, fotos o información de la mujer sin su consentimiento (82%), amenazar (75%), impedir las relaciones con familiares y amistades (75%), controlar a través del móvil y las redes sociales (72%), no dejar decidir (65%) o controlar la forma de vestir (65%), entre otras.
