La Fiscalía se posiciona a favor de exigir el pasaporte covid en discotecas y restaurantes en Euskadi

A su juicio, se trata de la medida "menos gravosa", que además se aplicaría con una limitación temporal -cuando la tasa de incidencia acumulada sea superior a 150 casos por cada 100.00 habitantes cada 14 días-, y destaca que afectaría a una actividad no esencial. No obstante, sí cree que puede ser "discriminatoria" para los trabajadores estos establecimientos de ocio nocturno o de la restauración que ejercen su derecho al trabajo.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público apoya, de esta manera, que se conceda autorización judicial al Ejecutivo de Urkullu para reclamar el 'certificado covid digital' de la UE, como medida adicional a las establecidas para prevenir y contener la propagación de la covid-19, en una situación en la que ya no está vigente la emergencia sanitaria que decretó el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

El Gobierno vasco presentó este pasado jueves en el TSJPV la solicitud Gobierno vasco presentó este pasado jueves en el TSJPV la solicitudbajo el argumento de que se trata de un instrumento necesario para "contribuir a atajar una nueva ola de transmisión comunitaria del virus y para incentivar, aún más si cabe, la vacunación de toda la ciudadanía". El TSJPV se reunirá el próximo lunes para decidir sobre la solicitud del Gobierno de Urkullu.

El Ejecutivo documentó, con datos, que "la intensidad de la circulación epidémica ha aumentado en las últimas semanas", con el consiguiente incremento en la ocupación de camas hospitalarias. Por ello, alegó que pretendía, entre otras medidas, condicionar el acceso al interior de ocio nocturno y los restaurantes a la exhibición del denominado 'pasaporte covid'.

También destacó que la exigencia de este certificado tiene como finalidad "la protección de la salud pública constitucionalmente encomendada a las autoridades administrativas y su incidencia en el derecho fundamental a la integridad física", para lo que "se limitarían el derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad en el acceso al ocio nocturno".

Las circunstancias objetivas esgrimidas para querer exigir este certificado se incluyen en una memoria del Departamento de Salud y respaldan "la razón" de la limitación, "como es la protección de la salud, evitando una mayor propagación del virus". En este documento, se subraya que existe una menor transmisión del virus entre los vacunados, menor riesgo de infección y también menor gravedad al contraerlo.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Para argumentar su respaldo a la petición de autorización judicial del Gobierno vasco, la Fiscalía cita la Constitución, el Estatuto de Gernika, la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública y la jusrisprudencia del Tribunal Supremo.

En concreto, recuerda que el TS consideró que la norma de medidas especiales de salud pública era suficiente para dar cobertura a ciertas prevenciones o restricciones decretadas por la autoridad sanitaria para controlar enfermedades transmisibles, en caso de que "exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud", con una determinación de la duración de las medidas.

El Ministerio público señala que la exigencia del 'pasaporte covid' "es limitativa de derechos fundamentales", concretamente de los derechos de igualdad y a la intimidad, aunque "no se proyecta directamente sobre un servicio esencial o sobre un derecho constitucionalmente protegido" porque "acudir a lugares de ocio no tiene reconocimiento constitucional". Por ello, cree que, para aplicarla, debe haber una autorización judicial.

NO DISCRIMINACIÓN

En lo que respecta al derecho de igualdad y no discriminación, apunta que la exhibición del pasaporte covid para acceder al ocio nocturno no "constituye un factor de discriminación análogo a los expresamente contemplados" en la Constitución "ni un factor de tratamiento desigual ante situaciones iguales".

La Fiscalía destaca que esta medida no tiene como finalidad tratar peyorativamente al colectivo de ciudadanos que carecen del pasaporte covid", sino prevenir la transmisión del virus con el objetivo de "proteger la vida e integridad física" de quienes se encuentran en el local.

Asimismo, considera que tampoco puede prevalecer el derecho a la intimidad frente al derecho a la vida y a la protección de la salud pública, "toda vez que la información sobre si ha recibido la vacuna o no, en momentos en los que se atraviesa una pandemia, es una pieza básica y esencial para impedir la propagación de la infección".

El ministerio público destaca que este certificado solo informa de si una persona ha recibido o no la vacuna, y pretende impedir o restringir la transmisión de los contagios, para frenar o ralentizar la propagación de la enfermedad.

NECESIDAD, IDONEIDAD Y PROPORCIONALIDAD

La Fiscalía defiende "la necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de la medida en el actual situación epidemiológica, y recuerda que el Supremo, en un supuesto similar, ha considerado que, "en estos lugares de ocio, por su propia naturaleza, o diferencia de otros establecimientos abiertos al público, no permiten el uso constante y permanente de la mascarilla, que debe necesariamente retirarse para comer y beber".

El alto tribunal remarcaba que en ellos "resulta difícil mantener la distancia de seguridad", y se suele conversar "con un tono de voz más alto o incluso cantar, lo que favorece la inhalación de gotas y aerosoles respiratorios emitidos por un contagiado, que es la principal vía de transmisión" del virus.

También subrayaba que la transmisión de la pandemia entre los vacunados "es mucho menor al de los no vacunados, no solo porque estos tienen un riesgo menor de infectarse, sino porque, incluso en caso de infectarse por la covid-19, la tasa de ataque secundaria de los casos covid vacunados fue inferior a la de los casos covid no vacunados". "Las personas no vacunadas reducen significativamente su riesgo de infectarse y desarrollar la covid-19 en caso de entrar en contacto con un caso covid que sí está vacunado", apuntaba.

LA MEDIDA MENOS GRAVOSA

Por todo ello, la Fiscalía considera que esta es la medida "menos gravosa" a adoptar en la actual situación de la pandemia en Euskadi, al recordar que sería una medida temporal, ya que solo se aplicará cuando se supere una tasa de incidencia acumulada en los 14 últimos días de 150 casos por cada 100.000 habitantes, y el ámbito territorial es la Comunidad Autónoma Vasca. Por ello, apunta que "supera el juicio de idoneidad".

También cree que cumple el requisito de "proporcionalidad" porque la medida preventiva se exige "para el ejercicio de una actividad no esencial, ni en sí misma ni constitucionalmente amparada", como es el acceso a locales de ocio.

LOS TRABAJADORES

Sin embargo, cree que debería haberse excluido a los trabajadores de estos establecimientos, que acceden a ellos "en su derecho al trabajo". En su opinión, para este personal "sí podría ser discriminatorio".

En definitiva, el ministerio público remarca que la exigencia del pasaporte covid es una medida "necesaria, idónea y proporcionada, en sentido general, en la salvaguarda de los bienes e intereses en conflicto, salud pública e integridad, por un lado, e igualdad e intimidad por otro".