El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado garantizar, en coordinación con las autoridades competentes, que las figuras del coordinador de bienestar infantil y del delegado de protección se encuentren "plenamente operativas" durante el próximo curso 2022-2023.
El cometido principal en ambos supuestos es ser las figuras de referencia para la prevención y protección frente a la violencia en el ámbito educativo y el ámbito del deporte y del ocio, respectivamente. Todos los centros educativos (públicos, privados y concertados) deberán contar con ambas figuras.
Así aparece recogido en la Propuesta de acuerdo sobre el plan de implementación de la ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido aprobado este lunes 15 de noviembre en la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha subrayado que la creación de ambas figuras es "una tarea urgente" que se debe "poner en marcha tan pronto como sea posible".
Estos coordinadores y coordinadoras, según ha explicado, deben ser "la pieza que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar las situaciones de riesgo".
"Esto, como decía, no puede esperar más y por eso queremos que en el próximo curso haya un coordinador de bienestar infantil en cada centro educativo y un delegado de protección en cada entidad que realice actividades deportivas y de ocio con menores en nuestro país", ha remarcado Belarra.
Otra de las novedades recogida en el documento se refiere a los datos estadísticos. En concreto, el Ministerio y las CCAA han acordado que, en el primer trimestre de 2023, el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI) recogerá la información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de los servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la entidad pública de protección a la infancia.
Además, según el programa aprobado, en el primer cuatrimestre de 2022 la Conferencia Sectorial aprobará "un conjunto de recomendaciones comunes, homogéneas y armonizadoras" para "una atención integral, rápida, coordinada y eficiente a las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género".
CANALES DE DENUNCIA ACCESIBLES Y SEGUROS
Asimismo, el Ministerio y las CCAA han acordado adoptar en los primeros cuatro meses de 2022 un acuerdo con las directrices y criterios que han de reunir los mecanismos de comunicación de apoyo y denuncia de la violencia que sufren los menores para que estos sean "claros, seguros, confidenciales, eficaces, adaptados y accesibles", como líneas telefónicas gratuitas de ayuda, medios electrónicos o plataformas digitales.
También acordarán un catálogo de acciones propuestas para "la creación, desarrollo o mejora de los recursos y canales de denuncia específicos de la violencia digital y existencia de contenidos en Internet contra la infancia"; y aprobarán un documento que recoja las recomendaciones y criterios comunes que deberán contener los diferentes protocolos de actuación contemplados en la ley de infancia.
El programa aprobado este lunes también contempla que, en el segundo cuatrimestre de 2022, la Conferencia Sectorial acordará las directrices y pautas generales del curriculum de contenido formativo básico que contribuyan a la elaboración y desarrollo de la formación especializada, en materia de derechos fundamentales de la infancia, destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con menores. Este programa deberá tener en cuenta la perspectiva de género.
También entre mayo y agosto de 2022, las CCAA harán una presentación de las líneas generales que contendrán sus planes y programas de prevención evaluables para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia; y la Conferencia Sectorial elevará al Gobierno la Estrategia nacional de Erradicación de la Violencia de carácter plurianual.
En el último cuatrimestre de 2022, la Conferencia Sectorial realizará una evaluación de la efectividad de las campañas y acciones concretas de información, educación y sensibilización para orientar en las mejoras necesarias para tener mayor impacto.
