- El certificado sanitario que acredita estar vacunado, haber superado la covid o tener un test negativo, es imprescindible desde ayer en Francia para 1,8 millones de empleados que trabajan en contacto con público, bajo la amenaza de sanciones que teóricamente pueden llegar al despido.

La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, se mostró confiada en que esa obligación -fijada con una ley adoptada en julio que pretende dar un impulso al proceso de vacunación y evitar cierres en futuras olas epidémicas- no encontrará grandes obstáculos ni por parte de las empresas ni de los primeros afectados, los trabajadores.

Una confianza basada en que “la aplicación del certificado va bien” después de cuatro semanas en que se exige al público para muchas actividades de la vida social como ir a un bar, a un restaurante, al cine, al teatro, a un museo o a un gran centro comercial. Es más, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, insistió en que esa exigencia “no ha tenido impacto para la actividad económica del país”, y en que el ligero descenso en los primeros días de la afluencia en los cines o en los parques de atracciones se ha corregido. Las manifestaciones contra el certificado sanitario que se han sucedido durante los siete últimos sábados, han perdido fuerza en las últimas semanas.

Los empresarios o responsables de administraciones son los encargados de verificar que sus trabajadores sometidos a la obligación del certificado lo tienen, ya que si no lo hacen se exponen a una pena de un año de prisión y a una multa de 9.000 euros.

Además, deben interrumpir temporalmente la actividad en contacto con el público de un empleado que incumple la regla si no le encuentra un puesto alternativo y eso puede llevar a la suspensión del contrato de trabajo, sin sueldo, durante dos meses. Si al cabo de esos dos meses el trabajador persistiera en su negativa, podría acabar despedido.