La Fiscalía ha solicitado la revocación del tercer grado penitenciario concedido a Juana Rivas y que le permitió abandonar el pasado 15 de junio el Centro de Inserción Social (CIS) 'Matilde Cantos' de Granada para cumplir en su domicilio con control telemático la condena de dos años y seis meses de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por la sustracción de sus dos hijos menores.
El abogado de esta madre de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, ha censurado que la Fiscalía haya hecho esta petición al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pues "en términos sencillos", lo que se pide es que Juana Rivas "ingrese en prisión", lo que ha calificado como un "acto más de violencia institucional judicial" contra su clienta.
Aránguez ha defendido así en un comunicado que, tal y como lo estimó la Secretaría de Instituciones Penitenciaras a propuesta de la Junta de Tratamiento del CIS Matilde Cantos, "se cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la legislación para conceder el tercer grado penitenciario".
Junto a ello, ha mostrado su "perplejidad" con que "casi un mes después de adoptarse esta decisión -que permitió a Juana Rivas salir del CIS- se solicite su revocación, justo cuando está pendiente de resolverse un indulto del que -según agrega- indebidamente informaron negativamente el juez y el fiscal adscritos al Juzgado de lo Penal 1 de Granada, siendo claro que la competencia corresponde al Tribunal Supremo".
Esto se produce porque fue el alto tribunal el que dictó sentencia estimando su recurso y reduciendo la pena de Juana Rivas a la mitad, de cinco a dos años y medio de cárcel.
"Ni la Sala Segunda del Tribunal Supremo ni la Fiscalía del Tribunal Supremo han emitido a fecha de hoy su informe, que por supuesto puede ser favorable o desfavorable a nuestras pretensiones, pues no están vinculados a la opinión tan extrañamente emitida por el juez y fiscal de Granada", ha clamado el letrado, quien avanza que ejercerán todas las acciones legales para impedir que "Juana vuelva a ser encerrada".
La defensa de Rivas ha precisado que mientras se resuelve sobre la petición del fiscal de revocar el tercer grado, ella "seguirá en su situación actual", esto es, cumpliendo condena en su domicilio supervisada mediante un brazalete de control telemático.
Juana Rivas se presentó voluntariamente en el CIS el pasado 11 de junio para cumplir la orden de ingreso en prisión decretada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada tras la condena del Supremo y salió el 15 de junio, después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la clasificara en tercer grado, aplicándole el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, lo que supone cumplir la pena en casa con pulsera telemática.
