- El Pleno del Congreso respaldó ayer con amplio consenso la histórica y pionera ley de protección a la infancia frente a la violencia, con la que la prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años, y la envió al Senado con amplias mejoras que refuerzan los derechos de los niños.
El proyecto de ley, que busca acabar con la impunidad de muchas agresiones sexuales, que cuando se denuncian ahora ya han prescrito, ha incluido a su paso por el Congreso más de 200 enmiendas y 70 acuerdos transaccionados respecto al texto remitido por el Gobierno. Quedó avalado con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. La ley sale del Congreso con la oposición de Vox por motivos ideológicos y del PNV, que denuncia una invasión de competencias del texto, mientras que PDeCAT y EH Bildu optaron por abstenerse por la importancia de las medidas para la seguridad de los niños, a pesar de discrepar también del reparto competencial.
El texto aprobado refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.
A última hora los grupos acordaron ampliar cinco años más la edad desde la que se comienza a contar la prescripción de los delitos graves respecto a la propuesta del Gobierno, hasta los 35 años. Actualmente, se cuenta desde los 18 años, por lo que pocos casos de abusos llegan a juzgarse porque las víctimas tardan en ocasiones décadas en reconocer públicamente la agresión. En su paso por el Congreso, se ha dotado a la ley de perspectiva de género e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.
La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información.
Habrá un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, se impulsará la formación para jueces y fiscales y se incorpora en el Código Penal la aporofobia (odio al pobre) dentro de los delitos de odio. “No somos conformistas y esta ley debe seguir mejorándose” en la Cámara Alta, aseveró la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que cerró el debate agradeciendo el trabajo y generosidad del pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia, y presente en el Parlamento, junto a varias entidades sociales.
Varios grupos avanzaron su intención de seguir proponiendo cambios en el Senado para, por ejemplo, evitar que se reconozca como “agentes de la autoridad” a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela en casos de desamparo.
Unidas Podemos invitó a su socio de Gobierno a apoyar dos de sus enmiendas que no han salido adelante y que cuentan con el consenso de grupos como EH-Bildu y ERC, para prohibir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial.
El plazo de la prescripción de los delitos graves contra menores, entre ellos los abusos sexuales, empezará a contar cuando la víctima cumpla 35 años y no 18, como ocurre actualmente. Este cambio implica que estos delitos no prescriban hasta que la víctima cumpla 40 años frente a los 23 actuales. Y, en los casos más graves, el tiempo se ampliará hasta los 50 años.
La nueva ley hace obligatoria la prueba preconstituida -que se pueda grabar el testimonio de la víctima para evitar su revictimización y el maltrato del testimonio- para los menores de 14 años (algunas ONG piden que se eleve a 16) y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En el caso de los abusos sexuales, los niños y las niñas presentan su testimonio una media de cuatro veces una vez puesta la denuncia.
La ley establece que hay que determinar el interés superior del niño en cada caso particular y se refuerza el derecho de los niños a ser escuchados y participar en todos los asuntos que les conciernen. En caso de separación o divorcio, si los menores tienen madurez suficiente, deberán ser escuchados antes de adoptar decisiones que les afecten.
Establece el deber de denuncia a todo ciudadano que advierta indicios de violencia; asimismo, los propios menores de edad podrán presentar una denuncia sin necesidad de estar acompañados de un adulto. Los hijos de víctimas de violencia de género pasan a ser considerados también como víctimas. Se prohíbe falso el síndrome de alienación parental (SAP), que sostiene que un progenitor, generalmente la madre, manipula a los hijos en contra del otro progenitor.
La ley considera a los trabajadores de los Servicios Sociales como agentes de la autoridad, una medida criticada por las organizaciones que se dedican a la infancia porque consideran que “podría desequilibrar la balanza” entre la administración y los niños y sus familias, ya que ser agente de autoridad proporciona la presunción de veracidad. Establece la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia.
La nueva normativa incluye también la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas. Se castigará a quienes promuevan el suicidio, autolesión o trastornos alimenticios entre menores o la comisión de delitos de naturaleza sexual contra menores a través de internet. En este sentido, la ley prevé que los jueces retiren estos contenidos de la red.
La nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la pamplonesa Ione Belarra, defendido el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y fue muy contundente con la condescencia de la Iglesia en este tema.
Satisfacción de la ONG. Las ONG de infancia com Unicef y Save the Children celebraron la aprobación pues supone que “hoy España es un país mejor para los niños y niñas” pero reclaman “agilidad” a su paso por el Senado para que pueda ser “una realidad, cuanto antes”.
7.250
Según la ministra Iione Belarra, en 2019, el 46,2% de las víctimas de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual fueron menores de edad (7.250 víctimas identificadas, según fuentes del Ministerio del Interior; y en 2017 se registraron 4.875 denuncias de violencia contra menores en el ámbito familiar aunque las alertas por sospechas superaron las 16.700 notificaciones.
200
El proyecto aprobado ayer en el Pleno del Congreso, tras introducir más de 200 enmiendas de las casi 600 presentadas y más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, continuará ahora su tramitación en el Senado.
