- La transmisión del virus no acaba de aflojar y las secuelas de la covid-19 no paran de crecer. Y no sólo las físicas; también las económicas se están acentuando en los últimos meses debido a los cierres de negocios, los ERTE ordenados por muchas empresas y al desempleo generado durante este tiempo. En el conjunto de la CAV, por ejemplo, la pandemia ha arrastrado a más de 2.500 personas a la RGI entre febrero y diciembre de 2020. La evolución de esta prestación económica es fiel reflejo de la curva epidemiológica descrita por el patógeno desde su irrupción en la geografía vasca y de nada vale ya el vaciado de esta cobertura experimentado en ejercicios precedentes, tras recuperar el pulso a la crisis.
Según datos facilitados por Lanbide, el pasado diciembre se cerró con 54.747 beneficiarios de esta prestación económica mensual que alivia el pago de necesidades básicas de personas y familias que no dispongan de recursos suficientes. Una cifra parecida a la de enero de 2019 (cuando hubo 54.850) pero que nada tiene que ver con los 52.240 inscritos en febrero de 2020, la cifra más baja de los últimos tiempos. De hecho, ese mes significó el principio de la tormenta que se avecinaba sobre la sociedad vasca. La progresión ha sido constante y ha coincidido con los dientes de sierra dibujados por la pandemia en materia de empleo, por ejemplo.
De hecho, los meses de verano (junio, julio, agosto y septiembre) se desinfló un poquito la bolsa de personas perceptoras de esa ayuda (54.039, 54.010, 53.950 y 53.933, respectivamente). La finalización de numerosos ERTE, asociados en su mayoría al sector servicios, fue un balón de oxígeno que, sin embargo, se pinchó antes de lo deseado debido una vez más a los daños colaterales de la pandemia. Desde octubre hasta diciembre se volvieron a intensificar las situaciones de vulnerabilidad y, el escenario final son esas 54.747 personas beneficiarias de la RGI al cierre de 2020.
La mayoría de esos expedientes están empadronados en Bizkaia. Según los datos de Lanbide, a finales de año eran 32.679. Es decir, el 60% de las personas o unidades familiares atendidas por esta prestación económica, una cifra que ha seguido la tónica general y también ha evolucionado en la misma dirección que la incidencia del virus en la economía doméstica. Si en febrero había 31.715, para el mes de mayo eran ya 32.765; y de ahí hasta septiembre, una suave desescalada: 32.719 en junio, 32.641 en julio, 32.409 en agosto y 32.353. Y vuelta a engordar la bolsa de la RGI en Bizkaia en casi un millar (964) de perceptores entre febrero y diciembre de 2020.
Este comportamiento ha tenido su lógica y consecuente repercusión en el gasto total de la RGI. Según un informe elaborado por Lanbide, el pasado mes de noviembre sufrió un incremento del 0,7% (270.931 euros) sobre la cantidad del mes anterior. Y por desgracia, ni los expedientes de la RGI ni las búsquedas de empleo son los únicos indicadores de la crueldad de la pandemia. Las solicitudes en Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda, también trazaron una línea ascendente durante 2020 con más de seis mil personas nuevas inscritas.
Un escenario preocupante a primera vista y que podría complicarse aún más teniendo en cuenta el desgaste del sistema estimulado por la covid-19 en todo este tiempo. Esa es una de las razones que llevaron al Ejecutivo a blindar una partida económica importante para hacer frente a los gastos correspondientes a la RGI (y a la Prestación Complementaria de Vivienda, PCV). A mediados de diciembre del año pasado el Gobierno vasco adelantaba 459,5 millones de euros para garantizar el pago de estas coberturas sociales desde este mismo mes de enero. El objetivo es que ninguna cuenta corriente deje de recibir ese ingreso por tener que esperar a que se aprueben los Presupuestos de la CAV que, en principio, establecen un crédito por importe de 380 millones de euros (10 más que en 2020) para financiar la RGI y que se puede ampliar si las circunstancias lo requieren.
"La Renta de Garantía de Ingresos es una de las mejores inversiones que hemos hecho como sociedad", describía recientemente la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia. Como ya hicieran sus predecesores en el cargo, puso en valor que la RGI haya suavizado las desigualdades y ayude a sostener "entre todos a quienes pasan por un bache en su vida. Hoy estamos viviendo uno de esos momentos críticos y estamos comprobando de nuevo su eficacia". "Estamos en un momento delicado y nos enfrentamos a un año duro por todas las incertidumbres a las que nos a vamos a seguir asomando", apostillaba en su discurso.
El hambre, la pobreza y la desigualdad son esas otras pandemias locales relegadas de las agendas por el arrollador paso del SARS-CoV-2 y que corren el riesgo de cronificarse entre determinados colectivos, aunque no tanto como se podría pensar en un primer momento. Al menos, así se desprende de un informe firmado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Cierto es que analiza datos de 2019, pero en el mismo se apunta que el 63% de la población vasca en riesgo de pobreza es perceptora de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) frente a la media estatal del 7,9% que cobra la denominada Renta Mínima de Inserción.
Según ese documento, la CAV es la segunda con mayor cobertura solo precedida por Nafarroa donde el 70,3% de la población en riesgo de pobreza recibe estas ayudas. Las tasas de riesgo de pobreza en ambas comunidades son también las más bajas del Estado: el 8% en la CAV y en el 7,8% en Nafarroa, frente al 18,6% estatal. Y con datos más actuales y pertenecientes al Departamento de Empleo y Trabajo, las personas perceptoras de la RGI verán incrementadas las cuantías que reciben en un 1,8%, el doble del crecimiento previsto para los salarios del funcionariado.
54.747
La cobertura social de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ha crecido a lo largo del pasado año a consecuencia de los daños colaterales provocados por la pandemia. El año 2020 se cerró con 54.747 personas perceptoras, lo que supone 2.507 expedientes más que los registrados en febrero. De ese total, el 30% (16.587) son unidades de convivencia con menores y, de esas, 5.170 "tienen al frente a una mujer".
Consulta.El Gobierno Vasco iniciaba recientemente el procedimiento administrativo para la elaboración de la nueva Ley de la Renta de Garantía de Ingresos que, esta vez, sí podrá ser aprobada gracias a la mayoría que tienen PNV y PSE, a diferencia de lo ocurrido durante la anterior legislatura. El periodo de consulta pública se mantendrá abierto hasta el próximo 19 de febrero y, si todo discurre según lo previsto, el nuevo marco normativo podría ser remitido al Parlamento Vasco durante el último cuatrimestre del año.
Coberturas.El texto normativo incluirá algunas novedades como la regulación de nuevas herramientas de protección, como el famoso Ingreso Mínimo Vital. Y profundizará en la universalización de la RGI para que llegue a personas que actualmente no están suficientemente cubiertas por las prestaciones sociales como las familias desfavorecidas con hijos a su cargo y pensionistas. Otro objetivo es mejorar la cobertura para atender la monoparentalidad o la dependencia.
