El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que amplía la protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito del trabajo transponiendo una directiva europea.
Según ha informado el Ministerio de Trabajo este martes, se establece el carácter vinculante y general de los valores límite de exposición profesional de trece nuevos agentes, entre ellos el polvo respirable de sílice cristalina.
Se trata, añade Trabajo, del primer paso "de un conjunto de modificaciones que ampliarán el nivel de protección a través de la incorporación de agentes de demostrada capacidad carcinogénica".
Una sustancia cancerígena es aquella que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puede ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia.
En el caso de la sílice cristalina Trabajo señala que se encuentra, de manera habitual, en los trabajos en los que se triture, corte, perfore, talle o muela materiales, productos o materias primas que contengan sílice libre.
El valor límite de exposición para el polvo de sílice será de 0,05 mg/m3 en España y las empresas tendrán un año para poder adaptarse.
Además del polvo respirable de sílice cristalina, se incluye un listado de agentes con sus respectivos valores límite de exposición profesional como el polvo de maderas duras, las fibras cerámicas refractarias, el benceno, el cloruro de vinilo monómero, el óxido de etileno, el epoxipropano, la acrilamida, el nitropropano, la toluidina, el butadieno, la hidracina y el bromoetileno.
Por otro lado, también se ha acordado abrir un nuevo plazo de un mes, a partir de la publicación del Real Decreto-Ley que acaba de aprobar el consejo de ministros, para poder solicitar el subsidio para los parados que agotaron todas las prestaciones de desempleo durante los meses de confinamiento.
El planteamiento inicial de esta ayuda era dar cobertura a quienes habían agotado sus prestaciones desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre intentando llegar a así a 550.000 desempleados.
El Gobierno la aprobó finalmente con el 30 de junio como tope, lo que redujo a la mitad los potenciales beneficiarios y con un plazo de presentación del 6 al 30 de noviembre concediéndola a 114.000 personas.
Los sindicatos CCOO y UGT solicitaron al Gobierno una ampliación de este plazo. La cuantía es del 80 % del IPREM, esos 430 euros, durante 3 meses y el objetivo era llegar a unas 250.000 personas.
