- Casi cuatro de cada diez menores que cometen un delito en Euskadi no reciben la más mínima atención de sus progenitores en relación a sus necesidades más básicas. En un 10% de los casos sufren además violencia en el hogar, aunque como nota positiva cabe destacar que, pese a todo, la tasa de reincidencia delictiva de estos chavales sin estructura familiar se mantiene por debajo del 18%, en claro descenso respecto a unos años atrás, lo que revela la eficacia de las intervenciones educativas.
Son algunos de los datos más significativos que arroja la evaluación del Plan de Justicia Juvenil, el cuarto desde que el Gobierno Vasco asumió plenamente en 1996 la competencia en materia de infracciones de menores. Este último informe que se ha hecho público recientemente comprende el periodo de tiempo entre 2014 y 2018 y aporta información muy relevante sobre el perfil psicosocial de estos jóvenes y, por ende, de la sociedad en la que desarrollan sus vidas.
La evaluación constante en el tiempo de estos menores ofrece una panorámica de los últimos años sobre la tipología de personas menores de edad que cometen hechos delictivos en la comunidad vasca. La edad media de estos chavales es de 16 años, de los que más del 60% ha nacido en la CAV. Son los chicos (78,9%) quienes cometen más actos delictivos, con un ligero incremento en el porcentaje de chicas, que actualmente se sitúa en el 21,1%.
El informe analiza el núcleo de convivencia de los menores en el momento en el que fueron juzgados. La mayoría vive con su familia de origen (un 61,2%), lo que unido al porcentaje de quienes conviven con la familia extensa permite afirmar que casi 7 de cada 10 menores infractores que reside en Euskadi vive con su familia nuclear o muy cercana. Apenas un 3% vive en pareja o en solitario.
La falta de atención que reciben estos menores en el seno del hogar es una constante. “En un 37,1% existe una clara y detectada negligencia por parte de uno o ambos ascendientes. Queremos señalar que este porcentaje son siempre casos claros de abandono, que han sido o están en la actualidad siendo detectados por los servicios sociales y que así constan específicamente en los informes psicosociales de los equipos técnicos de los Juzgados de Menores”, recoge el informe.
Se han dedicado muchos recursos a la investigación de las consecuencias del abandono o negligencia en las personas menores de edad. Sus efectos varían dependiendo de las circunstancias y las características del menor y su entorno. “Pueden ser graves o menores, desaparecer al poco tiempo, o durar toda una vida”. Además de afectar a los niños y niñas física y psicológicamente, estas consecuencias pueden afectar a su comportamiento, como revela la muestra estudiada.
El abandono, negligencia, abuso y maltrato que padecen estos menores genera, además del propio dolor en tantas infancias lastradas, altos costos para las entidades públicas, los sistemas escolares, médicos y servicios sociales. Su impacto social, económico y psicológico, según advierte el documento, no sólo afecta a los individuos y las familias, sino a la sociedad en general.
En concreto, el IV Plan de Justicia Juvenil pone el acento en el grupo han sufrido una separación traumática de sus progenitores. Son situaciones en las que se produce la pérdida total del contacto con alguno de ellos, la mayoría de las veces con el padre. A partir de ahí, una cuestión tan decisiva como es el control parental, acaba haciéndose añicos.
Ya desde el primer estudio que realizó el Gobierno Vasco se detectó que la falta de figuras de referencia determina el perfil de estos menores, originando conductas anti-sociales. Así, en un 40,4% de los casos presentan “problemas importantes de impulsividad” que van más allá de la adolescencia y de la etapa por la que están atravesando, directamente relacionada con la falta de control y normas.
Otra variable que recoge el informe es el consumo de tóxicos, directamente relacionado también con la comisión de hechos delictivos. Casi un 60% manifiesta tomar sustancias que alteran su conducta, aunque un 28,2% lo refiere como no problemático. El estudio indica que un 37,1% refiere tener algún problema de salud mental por el que están recibiendo tratamiento. “Este es un aspecto al que habría que dedicar una especial atención”, incide el estudio.
La falta de figuras de referencia les aboca a conductas antisociales y un 40% de ellos no sabe controlar su impulsividad
