- Los funcionarios vascos inician también su propia desescalada. El Ejecutivo de Gasteiz anunció ayer que todo el personal público de la Administración Vasca comenzará el próximo lunes 11 a regresar a sus puestos de trabajo presenciales, en un proceso gradual que se prolongará durante cuatro semanas -los servicios de atención presencial a los ciudadanos serán los últimos que se retomen- y hará excepciones con aquellos trabajadores que sean colectivos de riesgo a la covid-19 o tengan hijos o mayores dependientes a su cargo. El plan de vuelta al trabajo afectará directamente a los 7.000 empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos pero el Gobierno Vasco ya se ha reunido con todo el sector público autonómico, que engloba a 110.000 funcionarios de sociedades públicas, entes autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, entre otros, para coordinar el proceso. "Será una vuelta escalonada, ordenada y que se desarrollará bajo estrictas coordenadas de seguridad", explicó ayer el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

Según recordó el responsable del Gobierno Vasco, el pasado 17 de marzo y siguiendo las recomendaciones sanitarias, se tomó la decisión de restringir al máximo la presencia de los funcionarios en sus centros de trabajo, mayoritariamente las sedes principales de Gasteiz, Bilbao y Donostia pero también los centros repartidos por toda la geografía vasca. Actualmente, únicamente un 19% de la plantilla sigue acudiendo presencialmente a su puesto de trabajo, "las personas estrictamente necesarias para prestar el servicio público esencial", explicó Erkoreka.

Siguiendo la misma dinámica que la desescalada para la población en general, también estos funcionarios comenzarán a retornar a sus puestos de trabajo físicos a partir del próximo lunes, bajo dos premisas imprescindibles: evitar las concentraciones de personas y mantener una distancia laboral mínima de dos metros. Solo habrá tres excepciones: aquellos trabajadores que entren dentro de los colectivos de riesgo al coronavirus -embarazadas, mayores de 60 años y personas con enfermedades previas-, los participantes en el programa de teletrabajo y los que tengan hijos menores de 14 años o mayores dependientes a su cargo, que se considerará "deber inexcusable", deberá estar debidamente justificado y "solo será posible si la otra persona que integra la pareja no puede hacerse cargo".

Bajo la coordinación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, la dirección de cada servicio concretará las medidas organizativas de cada puesto de trabajo, aunque se han adoptado medidas generales y comunes como el control de accesos para evitar aglomeraciones en los tornos, la supresión de todas las reuniones presenciales no esenciales y de los trabajos en el exterior, o planes especiales de limpieza de los espacios. Los servicios de comedor continuarán suspendidos, en los ascensores únicamente podrá entrar una persona por viaje y se recomienda que los desplazamientos se realicen en vehículos privado, "limitando al máximo los viajes en transporte público", planteó el consejero.

La vuelta será gradual y escalonada, y se prolongará durante cuatro semanas. Los últimos servicios en volver a la normalidad, según explicó Erkoreka, serán los de atención presencial al público, que se intentarán minimizar. "Estamos analizando qué procedimientos podrán derivarse solo a vía telemática para evitar la presencia de público en las dependencias administrativas", avanzó. Además, se instalarán mamparas protectoras, se establecerán citas previas para evitar aglomeraciones y se colocarán dispensadores de geles hidroalcohólicos.

El plan se ha trasladado ya a las centrales sindicales con representación en la función pública: ELA, LAB, CCOO y UGT.