- El Gobierno español aprobó ayer un gran paquete de medidas para respaldar a los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, dando luz verde a un decreto de rescate social para los más vulnerables, inquilinos, autónomos y pymes. Entre las decisiones se halla la creación de una prestación para las empleadas domésticas dadas de alta en la Seguridad Social que pierden su trabajo, otra ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de cotización suficiente y créditos para que los inquilinos puedan pagar el alquiler. A su vez, se incluye una moratoria de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para autónomos.

El plan de vivienda, con una movilización de recursos de unos 700 millones de euros, incluye una línea de microcréditos avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas. Toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.

Este programa habilitado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitará créditos sin coste de intereses ni comisiones que se podrán devolver en seis años. Si pasados esos seis años no se han devuelto, se habilitará un plazo adicional de cuatro años más. Aquellos hogares que no puedan afrontar el pago de los microcréditos dispondrán de ayudas directas del Estado para saldar su deuda con el ICO. La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máximo de 900 euros al mes y hasta el 100% del principal, e intereses del préstamo suscrito, y de 200 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos con el límite del 100% de los mismos. En el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor o fondo de inversión, el inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de dos o tres años, pudiéndose acoger en todo caso a la línea de crédito del ICO.

Asimismo, se determina la paralización de todo proceso de desahucio en hogares vulnerables sin alternativa habitacional durante un periodo de seis meses a partir de la finalización del Estado de alarma. La propuesta fija una prórroga automática de seis meses para todos los contratos de alquiler cuya vigencia concluya coincidiendo con esta fase. No está claro cuál será el efecto de esta medida, pero según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se produjo una media trimestral de ejecuciones hipotecarias de 6.763, aunque no todas ellas acabaron en lanzamiento. "Tomamos medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda. Ahora es más importante porque es la trinchera para protegerse del virus", explicó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Por otro lado, los trabajadores con un contrato temporal de al menos dos meses de duración que se hubiese extinguido tras la entrada en vigor del Estado de alarma -el 14 de marzo- y que no contasen con cotizaciones suficientes para acceder a otro tipo de prestación o subsidio, recibirán una ayuda del 80% del IPREM, actualmente fijada en 537,84 euros. Es decir, cobrarán 440 euros y durará solo un mes. Asimismo, se permitirá disponer del ahorro acumulado en sus planes de pensiones (EPSV) a quienes han perdido el trabajo estos días, a los afectados por un ERTE y los autónomos que se acojan al cese de actividad.

El programa reconoce una ayuda por desempleo a las empleadas del hogar por vez primera, teniendo que haber estado dadas de alta en la Seguridad Social antes de la declaración de alarma y que hayan dejado de prestar servicios en uno o varios domicilios. La ayuda la gestionará el SEPE y ascenderá al 70% de la base reguladora, una vez la trabajadora -de las 400.000 cotizantes en el régimen especial de empleadas del hogar, más del 95% son mujeres- acredite el despido o la baja en la Seguridad Social.

La otra medida destacada que adoptó el Consejo de Ministros consiste en una moratoria de seis meses en la cotizaciones de autónomos, según reseñó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. A esta moratoria no se podrían acoger los trabajadores por cuenta propia que desarrollan actividades afectadas por el estado de alarma. Para ellos, el Ejecutivo creó una prestación de un mes, prorrogable por todo el tiempo que dure la excepcionalidad, en el que no tendrían que pagar la cotización a la Seguridad Social aunque permanezcan de alta.

El nuevo plan de acción recoge también una moratoria de pago de créditos al consumo para personas en vulnerabilidad económica durante tres meses. En el caso de viajes combinados cancelados se fija la opción de un bono para ser utilizado en un año por el consumidor. Si éste no se utiliza, deberá procederse a la devolución de lo inicialmente pagado. También se prohíbe la publicidad del juego online durante el Estado de alarma.

No habrá cortes. Los cortes de suministros energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el Estado de alarma. El Gobierno español también amplió el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él. También habrá medidas para flexibilizar los contratos. De esta manera, para autónomos y pymes será posible suspender las facturas de electricidad y gas, y abonarlas durante los seis meses posteriores a la finalización de la alarma en partes iguales. Por otra parte, el precio del butano solo se podrá variar a la baja.

Cambio de portabilidad. El Gobierno español ha vuelto a autorizar la portabilidad de numeración de telefonía fija y móvil entre compañías de telecomunicaciones, siempre que no exista necesidad de desplazamientos, y, en caso contrario, los operadores no podrán incrementar sus tarifas a los usuarios. Las suspensiones de portabilidad solo afectan a aquellas operaciones en las que exista necesidad de que los usuarios de desplacen físicamente a una tienda, o bien tenga que acudir el instalador al domicilio.