El Gobierno quiere flexibilizar la entrada legal de inmigrantes

madrid - El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá aboga por emprender cambios en la ley de extranjería porque “la realidad ha cambiado” y hay que fortalecer “las vías de acceso legales a nuestro país”, de forma que se potencien las autorizaciones de trabajo al arraigo. En su primera comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, Escrivá reconoció que la gestión del sistema de acogida necesita mejorarse porque está sometido a una “fuerte sobrecarga”, y propuso además recuperar edificios en desuso con el fin de reforzarlo.

Escrivá planteó que la ley de extranjería reordene en un solo texto la actual normativa y que de los tres regímenes actuales (general, ciudadanos cualificados y comunitarios) se mantengan solo los dos primeros para simplificar la “excesiva heterogeneidad” de las autorizaciones, flexibilizar los criterios por los que se aplican y el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. De la misma manera, Escrivá apuesta por reformar un sistema de acogida sometido a una “fuerte sobrecarga”, con más del doble de solicitantes de asilo que hace un año y con un crecimiento mensual de unas 10.000 peticiones nuevas.

También aludió al aumento de la red humanitaria de Canarias ante el incremento de las llegadas de inmigrantes en patera el último año. Por ello, aboga por reforzar los sistemas de atención humanitaria y de acogida, mejorar colaboración entre distintos niveles de la administración y dotarles de nuevas infraestructuras publicas y privadas. “Hay que quitar esas fotografías de polideportivos hacinados (...) Hay edificios en desuso que hay que recuperar y ayudarnos a tener un stock frente a contingencias que en este momento tenemos muy mermado”, admitió Escrivá.

El ministro invitó al consenso por la migración ordenada, legal y segura porque el mercado laboral necesita de inmigrantes para mantener “nuestra población en edad de trabajar constante”. Por último, garantizó que trabajará por lograr la inclusión de los 2,2 millones de españoles en el exterior, de forma que quiere eliminar el voto rogado porque “genera desacepción entre la gente que quiere votar y no puede”, fomentar el regreso, y reformular las prestaciones a los más necesitados.