Granada. Juana Rivas aguarda el pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS) como última vía para evitar los cinco años de cárcel a los que fue condenada por la sustracción de sus dos hijos menores y tratar así de recuperar a los niños, actualmente en Italia con su expareja, al que acusa de maltrato hacia estos.
A la espera del pronunciamiento del alto tribunal, Rivas se enfrenta estos días al último varapalo judicial después de que la justicia italiana haya tumbado las ocho denuncias que interpuso entre 2016 y 2018 contra el italiano Francesco Arcuri por maltrato hacia los dos hijos de ambos.
Quedan, no obstante, pendientes de resolver otras cinco denuncias por maltrato hacia los hijos interpuestas en febrero, marzo, abril, mayo y agosto de 2019, aclaran los abogados de Rivas en un comunicado remitido a Efe, en el que informan de que este próximo viernes hay una audiencia en la Corte de Apelación de Cagliari para tratar sobre las medidas cautelares urgentes solicitadas a favor de los menores.
La resolución de esas denuncias, aún en fase de investigación, no afectan en cualquier caso a la condena por sustracción de menores a la que se enfrenta a la espera de que el TS resuelva sobre su recurso.
El largo y mediático periplo judicial que ha acompañado a la historia de esta vecina de Maracena (Granada) dio comienzo en el verano de 2017, cuando permaneció un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos frente a él, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que, años después, en 2016, ella volvió a denunciar por maltrato.
La decisión de no entregarlos a su padre, con quien compartía la custodia de los menores, se tradujo en esa condena a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores, una sentencia que obtuvo una fuerte contestación social desde el movimiento feminista y que, tras su confirmación hace un año por parte de la Audiencia de Granada, aguarda ahora el pronunciamiento del Tribunal Supremo, al que Rivas recurrió.
En el fallo de la Audiencia de Granada, además de a los cinco años de cárcel, Juana Rivas también fue condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos.
A raíz del recurso ante el Supremo, la Fiscalía ya ha pedido al alto tribunal que reduzca a la mitad, de cinco a dos años y medio, la pena de cárcel de prisión impuesta a Rivas por considerarla únicamente autora de un delito -y no dos- de sustracción de menores, con independencia de los hijos afectados.
A la espera del pronunciamiento del Supremo, en los últimos años la batalla judicial de Juana Rivas se ha mantenido en distintos órganos judiciales, también por cuestiones de competencia, tanto de la jurisdicción de España, donde en julio de 2016 denunció a su expareja y con posterioridad ha tratado de pedir protección para sus hijos, como en la de Italia.
Ha sido este último país el que concedió hace ahora casi un año la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pudiera verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.
Los niños residen con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas finalmente acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos al padre.
Una vez conocido el archivo de ocho de las denuncias presentadas por Juana Rivas tanto en España como en Italia, los abogados que representan a su expareja en estos países no descartan iniciar acciones judiciales contra ella por supuestas denuncias falsas.
