Madrid - El Gobierno dará un plazo de un mes al Ejecutivo de la Región de Murcia para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de curso donde permitía el veto parental, la posibilidad de veto de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo, que debían ser notificada previamente a las familias.

Así lo precisó ayer la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante un acto de los socialistas vascos en Laudio (Álava). Según Celaá, su Ministerio formalizará un recurso por la vía contencioso-administrativa dentro de un mes si no obtiene respuesta del Gobierno regional de PP y Ciudadanos al requerimiento remitido el viernes pasado, aunque descarta intervenir la autonomía murciana por este asunto.

Celaá aseguró que el Gobierno “no” está barajando esta opción. “Vamos a ir viendo”, afirmó, para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que “reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado”.

“No queremos ir a los tribunales”, manifestó Celaá, quien apeló a la “sensatez y la moderación”. El jueves pasado, la ministra anunciaba que recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado” como el veto parental, una medida que considera “ilegal”.

La Consejería de Educación de la Región de Murcia incluyó en sus instrucciones a los centros educativos la obligación de “dar conocimiento a la familias” de “las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular” y fuesen impartidas por personal ajeno al centro. Todo para que las familias “puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.

Esta medida, bautizada como pin parental por las organizaciones que la han promovido, como Hazte Oír, ha sido exigida por Vox para prestar su apoyo a los presupuestos en comunidades gobernadas por PP y Ciudadanos como Andalucía y Murcia, donde se ha aceptado implantarlo.

Durante su participación en el acto en Laudio, Celaá recordó que fue el Partido Popular el que, a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) “retiró” a los padres y madres la “capacidad decisoria” que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de los centros educativos de sus hijos.

Celaá respondió a quienes defienden este sistema como una herramienta de “libertad”. “Pongamos la cuestión en su justo punto. De lo que hay que hablar es de la libertad y del derecho superior del alumno, y de la gran capacidad que tienen los padres para acordar o no determinadas cuestiones dentro de los consejos escolares y de la autonomía de los centros educativos”, añadió.

Celaá subrayó que el pin parental pretende atribuir a los padres la facultad de decidir si sus hijos participan o no en actividades que “no son voluntarias”, sino “complementarias”, por lo que forman parte del currículum. De esa forma, expresó su “extrañeza” ante el hecho de que a través de esta medida se pretenda “cercenar el derecho del alumno a una educación integral.