madrid - El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un pin parental en los centros educativos, al considerarlo “una censura previa” por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios.Un anuncio que ha sido respaldado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a través de un tuit comentó que “el pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación”, que es “un derecho fundamental, un derecho constitucional”. Sánchez aseguró que “recurrirá ante los tribunales la decisión del Gobierno de la Región de Murcia” y añadió: “Seremos firmes”.
La ministra Isabel Celaá manifestó previamente en un comunicado su “rechazo” a esta práctica que calificó de ilegal. El pin parental, defendido por Vox, permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar.
El comunicado de Educación y las declaraciones de Sánchez se producen después de que Vox pretenda incorporar esta práctica para dar el sí a los presupuestos de las comunidades de Murcia y Madrid.
Para el Ministerio, la imposición del denominado pin parental por parte de Murcia a sus centros educativoses contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a las propias normas autonómicas, así como a la Ley Contra la Violencia de Género. Subrayó, además, que la iniciativa “ha generado una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa”.
Celaá insistió en que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una “objeción de conciencia encubierta” que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. “No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos”, advirtió Celaá en una declaración remitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
“Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares”, denunció Celaá. Asímismo, contraviene diversos tratados internacionales ratificados por España (Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración Universal de los Derechos Humanos), y el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia y la normativa específica en materia LGTBI, señaló el Ministerio.
Educación recordó que la normativa prescribe que son los docentes quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes.
El propio Tribunal Constitucional señaló en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.
En Andalucía En Andalucía, la implantación del pin parental fue una las condiciones de Vox para negociar el Gobierno autonómico con el PP, al igual que sucedió en Murcia, donde este debate acapara los titulares de estos días.
Ayer en la comunidad madrileña, el vicepresidente Ignacio Aguado advirtió a Vox que en la negociación de los presupuestos regionales para 2020 Ciudadanos y el Ejecutivo no van a “recortar derechos y libertades civiles”, no van a “tocar” políticas en materia de violencia machista, ni introducir el pin parental.
Por su parte, la asociación de extrema derecha y ultracatólica Hazte Oír asegura que ha recaudado 55.000 firmas hasta el momento para solicitar a los presidentes autonómicos de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla León, y a los líderes de Vox, PP y Ciudadanos la implantación de esta “solicitud de información previa y consentimiento expreso”.
Quieren que los centros informen previamente a los padres sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte a los valores del alumno en materia afectivo-sexual, diversidad sexual y modelos de familia.
Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox.
A finales de septiembre, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció a Hazte Oír ante la Fiscalía General del Estado al considerar que su campaña “fomenta el odio” y podía constituir un delito. Las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública reclamaron en noviembre a los partidos políticos que actuasen contra la “ilegalidad” del pin parental al considerar que “vulnera el derecho a la educación integral de niños y niñas”. - Efe
El presidente de Vox, Santiago Abascal, defiende la implantación del pin parental como una herramienta contra las “chaladuras”, los “sectarismos” y las “pulsiones totalitarias” que atribuye al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
“Adoctrinamiento”. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, acusa al Gobierno de Sánchez de “querer adoctrinar” en las aulas “de forma obligatoria”, y compara la implantación del pin parental en la Región de Murcia, como exigía Vox, con la asignatura de Religión, que PSOE y Unidas Podemos pretenden convertir en “voluntaria”.
Diversidad. Según Óscar Urralburues, representante de Más País-Equo en Murcia, es “una medida totalitaria” ya que impide a los niños y niñas “conocer en la escuela la diversidad, el respeto y que no importa a quien elijas amar para tener derechos”.
