vitoria - El hecho de que en una vivienda turística se alojen más personas de las permitidas o sus propietarios no hayan colocado el distintivo en el exterior del edificio, entre otros motivos, puede ser objeto de denuncia. El Gobierno Vasco ha habilitado un buzón contra el fraude en las viviendas turísticas para que cualquier ciudadano, de forma completamente anónima, pueda delatar cuando tenga sospechas de que la actividad no cumple con la legalidad. Se trata de una herramienta más que se suma a la labor realizada por los 10 inspectores con los que cuenta el Departamento de Comercio y Turismo dedicados a la supervisión de los pisos turísticos. Actualmente, desde Lakua se han abierto 234 expedientes a viviendas y habitaciones de uso turístico entre los que 91 incluyen ya una propuesta de sanción.

Según explicó ayer Sonia Pérez, consejera de Turismo, una de las claves para poner en marcha el buzón ha sido comprobar que una cuarta parte del origen de los expedientes abiertos se ha iniciado tras una comunicación anónima recibido por los inspectores. Con el fin de mejorar estas denuncias anónimas, “que nos facilitan mucho el trabajo”, la persona que quiera comunicar irregularidades en una vivienda turística tiene que entrar en la página web del Departamento y acudir al recuadro de colaboración ciudadana para, posteriormente, rellenar un formulario donde se debe hacer constar la dirección de la vivienda y, si se desea, se puede completar con un relato de los hechos. “El único campo obligatorio es el correo electrónico, pero para recibir el acuse de recibo”, aclaró la consejera, quien destacó que se trata de una denuncia completamente anónima antes de añadir: “Esto no otorga la condición de denunciante a la persona que ponga la denuncia, no será informada ni como parte afectada ni interesada”. De esa forma, expuso que cada tres meses se dará a conocer información de forma pública sobre las denuncias que se tramiten.

La consejera expuso que para otro tipo de denuncias, en el caso de que la actividad de una vivienda turística pueda llegar a ser molesta para el vecindario, se pueden interponer quejas en el Ayuntamiento correspondiente. En cualquier caso, recordó que el decreto desarrollado por el Departamento que dirige prevé que las comunidades de vecinos pueden oponerse a la implantación de viviendas turísticas. Ahora, además, debido a la ley de propiedad horizontal, ni siquiera se necesita una mayoría, sino que basta con que tres quintas partes acepten.

Actualmente, 10 de los 14 inspectores con los que cuenta el Departamento se dedican de forma exclusiva a supervisar las viviendas turísticas. De los 234 expedientes abiertos y tramitados desde que se puso en marcha el decreto que desarrolla la Ley de Turismo en julio de 2018, 91 ya cuentan con una propuesta de sanción que van desde los 10.000 hasta los 100.000 euros. El 75% de estos expedientes se han tramitado por realizar una actividad clandestina, ello ha conllevado el cese de 68 viviendas por no estar dadas de alta en el registro. El 16% se ha cursado por llevar a cabo la actividad en otra modalidad de la declarada: por ejemplo, en ciudades como Bilbao, donde la regulación municipal solo permite instalar viviendas turísticas en los bajos y en los primeros pisos, hay quien ha intentado burlar la normativa registrando una tercera planta por habitaciones independientes mientras que la ha ofertado entera en las plataformas on line. Otro 7% se ha expedientado por ofertar más plazas de las declaradas.

En palabras de la consejera, el propio sector “se está autorregulando porque es un segmento del mercado muy dinámico” que “sigue con crecimientos moderados”. De esa forma, actualmente se encuentra en “una fase de regulación fuerte”, lo que ha supuesto que la actividad clandestina sea “cada vez menor porque se está estrechando el cerco sobre las prácticas ilegales”. Según Sonia Pérez, de la misma forma que hay viviendas turísticas que inician su actividad, hay otras que se dan de baja en el registro ya que “para una persona física no resulta ser una actividad tan rentable como el alquiler residencial” debido al tiempo que conlleva la gestión de este tipo de negocios. En cualquier caso, expuso que tras dispararse los registros en 2017 y continuar aumentando en 2018, mantienen un “crecimiento moderado pero sostenido, porque aún no ha tocado techo”.

Registradas En base a los datos proporcionados ayer en un encuentro con los medios, Sonia Pérez, acompañada por Goyo Zurro, director de Turismo, y Asunta de la Herrán, asesora jurídica del Departamento, indicó que actualmente se encuentran registrados en Euskadi 3.060 viviendas y 581 habitaciones para uso turístico. De esa forma, el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (REATE) están censadas un total de 3.641. En cuanto a su distribución por territorios, el 64,6% de las viviendas se ubican en Gipuzkoa (1.978), el 31,5% están en Bizkaia (965) y el 3,8% están en Araba (117). En cuanto a las habitaciones, es Bizkaia el territorio donde hay más disponibles con 344, seguido por Gipuzkoa, con 200, y Araba, con 37.

Respecto a la distribución de las ofertas entre las tres capitales y el resto de sus respectivos territorios, en Donostia se concentra el 70% de la oferta guipuzcoana y el otro 30% por el territorio, mientras que en Bilbao el porcentaje es del 45% en la capital y el 55% en el resto del territorio. Finalmente, en Gasteiz están el 40% de las viviendas y habitaciones de uso turísticos y en el resto de municipios el 60% restante.

Altas. En el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi hay actualmente 3.641 actividades dadas de alta: 3.060 corresponden a viviendas y 581 a habitaciones.

En araba. En Araba operan 117 viviendas turísticas y 37 habitaciones. El 40% de las ofertas se encuentran en la capital mientras que el 60% restante se distribuye por el territorio.

Expedientes. Los inspectores han abierto y tramitado 234 expedientes. 160 han sido en Gipuzkoa, 40 en Bizkaia y 24 en Araba.

Sanción. Entre los expedientes tramitados hay 91 con propuesta de sanción. El 75% de ellos se han tramitado por realizar una actividad clandestina, el 16% por llevar a cabo una modalidad diferentes a la declarada.