gasteiz - El Gobierno Vasco lleva desde septiembre de 2018 empeñado en divulgar el contenido de Share, su propuesta para que instituciones y gobiernos compartan responsabilidades en la respuesta al reto migratorio. El objetivo final es sumar voluntades políticas y sociales en el continente europeo y convencer de la necesidad de trabajar en común para atender y gestionar la realidad de las personas refugiadas en situación de mayor vulnerabilidad.

Hoy y mañana, el lehendakari Iñigo Urkullu tendrá ocasión de procurar mayor repercusión a esta iniciativa cuando se la exponga a Pietro Parolín, secretario de Estado del Vaticano y mano derecha del Papa Francisco. Con anterioridad, otros altos cargos del Ejecutivo vasco han hecho lo propio en el Parlamento Europeo, Naciones Unidas y distintos organismos internacionales en los que Euskadi está presente. El contenido de Share es sencillo: asumir un compromiso de respuesta ante el reto migratorio. En concreto, sugiere acordar un mecanismo concreto para que la distribución de la responsabilidad, en sus realidades más vulnerables, sea compartida. La fórmula de distribución del esfuerzo se basa en tres parámetros: los ingresos fiscales (o la Renta Media Disponible, o el PIB), con un peso del 50%; la población, con una incidencia del 30%; y el índice de desempleo, con un 20%.

La aplicación de la propuesta vasca -a la que ya se han sumado distintos gobiernos regionales- puede ser proyectada en diferentes ámbitos, tal y como han apuntado varias ocasiones fuentes del gabinete Urkullu: personas refugiadas y solicitantes de asilo; migrantes económicos en contextos de emergencia, vulnerabilidad o aglomeración; y menores de edad o jóvenes que migran en solitario. Todo ello para promover una política europea ordenada y coordinada sobre tres ámbitos territoriales: entre Estados dentro de la UE, entre regiones o comunidades autónomas en cada Estado, y entre municipios y comarcas dentro de cada comunidad o región.

“Las instituciones vascas y las entidades locales y sociales estamos creando en Euskadi un sistema de respuesta ordenada y solidaria a los fenómenos migratorios. Se trata de un sistema que no es perfecto ni está acabado, pero que trata de ser integral y trata de ofrecer las respuestas a una realidad compleja y cambiante. Y trata de hacerlo además por entender que se trata de un imperativo normativo, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero también porque se trata de un imperativo ético de solidaridad, en el que tenemos que anteponer el bien común frente al individualismo”, señalaba Monika Hernando, directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Se trata, en definitiva, de apelar a la naturaleza humana para impedir que los últimos episodios de bloqueo vuelvan a repetirse y se conviertan en crisis humanitarias que ponen en peligro las vidas de centenares de personas migrantes

La solución a este desgobierno debería pasar por un mecanismo acordado entre los gobiernos europeos, tal y como propone el Ejecutivo vasco con la iniciativa Share que, de algún modo, es la continuación de actuaciones y propuestas previas como la creación de corredores humanitarios, el proyecto piloto sobre patrocinio comunitario y la acogida a personas refugiadas o a migrantes en tránsito desarrolladas en colaboración con distintas ONG.