madrid - El día después de la muerte de María José Carrasco las reacciones llegaron de la mano de los distintos partidos políticos.
PSOE y Podemos arremetieron ayer contra PP y Ciudadanos por bloquear el debate del proyecto de ley sobre la eutanasia presentado en el Congreso de los Diputados. PP y Vox rechazan el derecho a decidir sobre la propia muerte y centran el debate en reforzar los cuidados paliativos. C’s, por su parte, mantiene una posición intermedia: ley de eutanasia sí, pero con una condición previa; que primero se regule la muerte digna y los derechos de cuidados paliativos.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, expresó el compromiso del Ejecutivo de impulsar “la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas” y llevarlo “cuanto antes” al Parlamento para su aprobación. La necesidad de una ley de eutanasia la defendió la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Opinó que cuando una persona tiene una enfermedad incurable o está en fase terminal, la decisión de poner fin a su vida es solo suya y no deben intervenir criterios religiosos, morales, éticos, médicos o judiciales.
El PP reprochó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “electoralismo” por abrir un debate sobre la eutanasia en plena campaña, mientras que insiste en apostar por los cuidados paliativos como medida para las personas que están en el “proceso de morir”. Ana Pastor, presidenta del Congreso, pidió que en el debate sobre la eutanasia no se use “el sufrimiento ajeno para hacer campaña” y recalcó que, si las iniciativas legislativas sobre esta materia que tenía en trámite la Cámara no han llegado a aprobarse, es porque el Gobierno anticipó las elecciones.
Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, defendió la necesidad de regular la eutanasia y recordó que la ley de muerte digna y cuidados paliativos, impulsada por su partido, no pudo salir porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones.
Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias es “indecente” que una persona pueda ser detenida y encarcelada por “un acto de humanidad” como el que realizó Ángel Hernández al ayudar a morir a su esposa.
Por su parte, las asociaciones que defienden la sanidad pública urgieron ayer a regular la eutanasia y criticaron la alianza entre PP y C’s, que ha paralizado el debate del proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados y creado “una situación inasumible para muchas personas en situaciones intolerables”. “Las convicciones religiosas de algunas personas no pueden imponerse al conjunto de la población”, señaló la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).
En el ámbito judicial, la Unión Progresista de Fiscales pide la despenalización de las conductas eutanásicas, con la elaboración de una ley en la que se regule el suicidio asistido, porque el “poder legislativo no puede seguir ignorando la voluntad popular soberana”. - Efe
