Madrid - El Gobierno español llevará al Consejo de Ministros de hoy la bajada del límite de velocidad a 90 kilómetros por hora en carreteras convencionales. En concreto, desaparecería la actual diferenciación de limitaciones genéricas entre 90 km/h y 100 km/h existente para los turismos y las motocicletas en vías convencionales de un solo carril, estableciendo una limitación general de 90 km/h para estos vehículos, al ser estos “donde se han centrado la accidentalidad en los últimos años”.
En cambio, camiones, furgonetas, autobuses (si no cuentan con cinturones de seguridad para sus pasajeros) y resto de vehículos, podrán circular a un máximo de 80 km/h en este tipo de vías. De aprobarse esta medida, podría entrar en vigor a finales de enero. Primero tendría que aparecer en el BOE (previsiblemente en la primera semana de enero) y, a partir de esa fecha, la DGT tendría un plazo de 30 días para cambiar las señales de tráfico. Una vez cambiadas, empezaría a aplicarse la nueva normativa.
La medida, que afectará a unos 10.000 kilómetros de los 165.000 de la red estatal de carreteras, contempla una excepción: en aquellas vías con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para turismos y motos.
La bajada de velocidad es una de las medidas estrella del director general de Tráfico, Pere Navarro, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante los seis meses del Ejecutivo socialista, ambos se han mostrado a favor de rebajar la velocidad. De hecho, el Ministerio del Interior tenía previsto que esta medida entrara en vigor el 2 de enero de 2019, según consta en el borrador del Real Decreto que modifica este punto del Reglamento General de Circulación. Fuentes de la DGT también explicaron que están trabajando en otra modificación del Reglamento de Circulación en el ámbito urbano consistente en reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima en calles de un único carril. Esta medida está en trámite y va junto a las nuevas normas para los patinetes eléctricos.
Insistían en que las vías secundarias concentran el 75% de los accidentes con víctimas. Además, la velocidad inadecuada es la causa concurrente en el 20% de los casos. Tal y como ha señalado en diversas ocasiones Navarro, con esta medida “España se equipararía a los países de referencia de Europa, como por ejemplo Francia, donde se rebajó este verano la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora en carreteras secundarias con el objetivo de reducir la siniestralidad vial”. Hasta la fecha, el Estado español es de los pocos países de Europa (junto a Rumanía, Polonia, Irlanda, Alemania y Austria) donde el límite se encuentra en los 100 kilómetros por hora.
Navarro confía en que los accidentes en las vías secundarias españolas se reduzcan un 10% tras la implementación de la limitación de la velocidad máxima en estas vías a 90 km/h. Asociaciones de automovilistas y motoristas se pronunciaron en contra de esta medida. Según David Fernández, técnico de Seguridad Vial del RACE, la bajada de velocidades son soluciones “bastante estériles. En las convencionales abogamos por una mayor inversión para mejorar el trazado y la iluminación para la conducción en condiciones meteorológicas adversas” comentó, al tiempo que lamentó que todo el foco se pone en el conductor del vehículo.
En la misma línea se mostró el colectivo de motoristas Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Su responsable María José Alonso, afirmó que bajar la velocidad “es gastar dinero donde no toca”. Por el contrario, asociaciones de víctimas están a favor de esta normativa, que podría entrar en vigor a finales de enero o en los primeros días febrero de 2019. Fundación PONS -de la que era asesor Navarro antes de incorporarse a la DGT-, recordaba que desde 2015 lleva pidiendo “que el límite de carretera convencional sea homogéneo en 90 kilómetros por hora”. - E. P.
