Gasteiz-El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, negó ayer que los letrados que representaron los intereses del Gobierno Vasco en el conocido como “caso Margüello” fueran objeto de “injerencias políticas” y defendió que actuaron como acusación particular con “rigor y objetividad”. Erkoreka compareció ayer en comisión parlamentaria a instancias de Elkarrekin Podemos para responder a preguntas sobre este procedimiento judicial en el que su principal acusado, José Carlos Margüello, exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, y el responsable territorial de Sanidad en Bizkaia en 2006, José Ramón Elorriaga, fueron condenados a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación.
Este caso provocó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Vasco, que elaboró un dictamen aprobado en 2011, en el que se recoge que, entre 1996 y 2009, se produjeron un “conjunto de irregularidades reiteradas y continuadas en el tiempo” que afectaron a los procesos de contratación de empresas, así como a los incrementos de los precios y tarifas en su concertación.
El portavoz del Ejecutivo de Iñigo Urkullu repasó este procedimiento y recordó que la institución ha permanecido como acusación particular desde diciembre de 2010 hasta el mismo mes de 2016, a lo largo de tres legislaturas con gobiernos distintos. “Tres gobiernos diferentes y la posición defendida por los servicios jurídicos del Gobierno Vasco fue la misma porque no se fija en función de posicionamientos políticos, sino a la luz del sumario”, subrayó.
En este sentido, respaldó la actuación de los letrados, su “rigor, su objetividad y su profesionalidad” y dejó claro que ni concibe ni autorizaría injerencias políticas en este servicio. Reconoció, asimismo, que en los hechos juzgados hubo irregularidades, tal y como se recoge en la sentencia, y mostró su “rotundo rechazo” a “cualquier práctica corrupta” en la Administración pública.
Desde Elkarrekin Podemos, Juan Luis Uria lamentó que el Gobierno Vasco ha perdido una oportunidad de dar una “imagen ética”, tras indicar que en “toda Osakidetza se sabía que había un delito de prevaricación”. Por su parte, Jone Goirizaelaia (EH Bildu) criticó que con este proceso se ha dado una imagen “muy preocupante y muy influenciable” de la Administración pública y se ha puesto sobre la mesa que el Departamento de Salud es “una cosa muy jugosa”.
La popular Laura Garrido lo calificó como “una página negra de la historia de Osakidetza” y confió en que situaciones similares no se vuelvan a producir. - Efe
