DONOSTIA. La Policía Nacional ha detenido, en colaboración con Europol, a 37 personas en una operación en la que ha desarticulado una red que introducía ciudadanos vietnamitas para explotarles en centros de manicura de Donostia, Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona.
Según ha informado la delegación del Gobierno en Euskadi, esta organización tenía su infraestructura principal en Barcelona y habría logrado introducir a 730 ciudadanos de Vietnam, para luego ser explotados en centros de manicura.
El método utilizado por la organización para lograr su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS), que iniciaban en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid-Barajas y el Prat de Barcelona.
La red cobraba 18.000 euros por persona y había alcanzado desde enero de 2018 una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros. En la operación ha participado, además, el Equipo Móvil de Europol para el acceso y descarga 'in situ' de datos contenidos en dispositivos de almacenamiento masivo de información.
Las investigaciones fueron iniciadas por los agentes a principios del presente año, tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para MENAS en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En ambos casos, los ciudadanos vietnamitas hacían "uso fraudulentos de esas figuras", según las mismas fuentes.
La Policía Nacional ha explicado que tras la solicitud inicial en ningún caso continuaban con el expediente administrativo, sino que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen. Para este fin, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban Protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.
Para el citado Cuerpo esta forma de proceder por parte de la organización "demuestra el profundo conocimiento de la legislación, de manera que instruían perfectamente a sus víctimas sobre todos los pasos a seguir en cuanto a rutas por los países intermedios, tránsito ficticio en España y alegaciones en los trámites que realizaban".
Cuando obtenían el acceso al territorio nacional si solicitaban Protección Internacional rechazaban el aprovechamiento de los recursos asistenciales y si era iniciado el protocolo para MENAS se fugaban de los centros de menores en los que eran ingresados para luego, en ambas situaciones, trasladarse en transporte público, normalmente en taxi hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal.
La organización formaba grupos de seis a 12 personas y cada uno contaba en cada ocasión con un líder o guía que realizaba todo el trayecto con ellos, el cual hablaba inglés para posibilitar una mínima comunicación en los países de tránsito y aeropuertos.
La Policía ha destacado "el alto grado de profesionalidad y especialización de esta organización que facilitaba a cada inmigrante un teléfono móvil del mismo color y modelo para que contactaran a su llegada con alguno de los miembros de la organización a fin de indicarles dónde dirigirse". Respecto a sus pasaportes, éstos eran destruidos durante el vuelo a España para que no fueran identificados plenamente y facilitar así la utilización fraudulenta de los procedimientos mencionados.
PAGOS
Según ha explicado, la organización cobraba a los inmigrantes 18.000 euros por persona y perseguía un fin "eminentemente lucrativo" a través de diversos métodos de pago, desde un pago en origen en efectivo para evitar el rastreo del dinero, o bien la generación de deudas a abonar mediante trabajo sin remunerar en Europa o incluso la cesión de tierras y propiedades en su país de origen por los importes adeudados. Desde enero de 2018 la red habría alcanzado una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.
Según informan desde la delegación del Gobierno en Euskadi, la organización poseía una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios, pero también en diferentes países sudamericanos, "para la recepción y acogimiento durante varios días a fin de simular una estancia por turismo y en España, lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y otros países europeos como Francia y Alemania".
El operativo policial ha sido desarrollado de manera conjunta en Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona. Han sido detenidas 37 personas, entre ellos los máximos responsables de la organización criminal en Europa.
También se han llevado a cabo la práctica de diez entradas y registros en Barcelona, así como más de 100 inspecciones en centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas en toda España. En ellos se ha intervenido 60.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.
FUNCIONARIO DETENIDO Y TRATO VEJATORIO
Entre los arrestados la Policía Nacional ha destacado la detención de un funcionario de la Oficina Unica de Extranjeros de Huelva, el cual "aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos por la legislación para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social".
El arrestado emitía desde certificados de empadronamiento, a fin de demostrar una permanencia en España de tres años, contrato de trabajo en la que no existía relación laboral real e incluso la incorporación de resoluciones de concesión "falsificando la firma de la Subdelegada de Gobierno en Huelva, entre otras irregularidades".
Según las investigaciones policiales este funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, también detenido, que a su vez tenía contacto con otros empresarios y personas procedentes de Vietnam para atraer hasta la oficina donde él se encontraba a sus trabajadores en situación irregular, a fin de obtener el permiso citado "de forma ilegal".
Asimismo, los investigadores han alertado del "trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización".
Según han explicado, "los mantenían encerrados en pisos, a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla, también es reseñable las condiciones laborales padecidas, siendo trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta los domicilios con jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento".
