pamplona - La Fundación Cermi Mujeres (FCM) denunció ayer que en España existen carencias legales y jurídicas para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan igualdad de condiciones de derechos humanos que el resto de la ciudadanía. Niñas con discapacidad esterilizadas con 12 años que ante la ausencia de embarazo quedan expuestas “a abuso sexual”, mujeres que tras tener un hijo son sometidas a ligadura de trompas o a las que se les retira la custodia del niño son ejemplos de vulneración de derechos denunciados por Cermi-Mujeres.
Las leyes no garantizan la igualdad de derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y “esas carencias legales” las deja desprotegidas respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y a la igualdad y no discriminación, según un informe del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que analiza la situación legal de 2,5 millones de mujeres con discapacidad que hay en España.
“Niñas que son sometidas a tratamientos hormonales para el control y retraso de la menstruación, niñas esterilizadas con apenas 12 años que ante la ausencia de riesgo de embarazo están expuestas especialmente a abuso sexual y niñas que son rechazadas del sistema educativo inclusivo en la ESO porque no se les puede prestar apoyo escolar cuando menstrúan”, son imágenes que reflejan esa falta de protección legal, explicó Ana Peláez, vicepresidenta de la Fundación Cermi-Mujeres.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Comité, que agrupa a las principales organizaciones de la discapacidad, presentó su primer informe Derechos Humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2017, que entregó en la Moncloa a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
sanciones “Celebramos el 3 de diciembre con muchos déficit en materia de inclusión y un saldo negativo” en materia legislativa, explicó Peláez, quien lamentó la falta de una normativa general de igualdad y no discriminación, lo que “genera una desprotección legal al no haber sanciones y reparaciones ante casos de discriminación múltiple de mujeres y niñas con discapacidad”.
La FCM solicitó al Gobierno garantizar plenamente una atención inclusiva durante el embarazo, el parto y el postparto de estas mujeres, pues muchas de ellas sufren esterilización forzosa, vulnerando su derecho de ejercer la maternidad.
La legislación actual no es suficiente para garantizar el acceso a la atención primaria inclusiva de calidad y tampoco garantiza plenamente “una atención inclusiva, durante el embarazo, el parto y el postparto”, añadió.
“No acceden al parto natural y la preparación al parto no es accesible, por lo que se les practica una cesárea”, señaló la vicepresidenta de Cermi-Mujer, organismo donde han recibido testimonios de mujeres con discapacidad a las que tras esa cesárea les han practicado una operación de ligadura de trompas: “No te preocupes, que ya te he dejado preparada”, escuchan estas madres, según Peláez.
Además, denunció casos como el de Fátima, una mujer con discapacidad siria refugiada en España, que los “servicios sociales le han robado a sus hijos porque consideran que no es apta para cuidarlos”. “Ha dado a luz a su tercer hijo y espera que le devuelvan a sus otros dos hijos. Es una situación que no se puede consentir”.
“Se debe garantizar el interés del menor, pero también el de la madre de estar con su hijo”, aseveró la responsable de Cermi-Mujeres, madre con discapacidad visual. Además, lamentó que a las mujeres con discapacidad se les rechaza en el sistema de acceso a la maternidad en los procesos por adopción y cuando se autoriza, es para adoptar a niños con discapacidad.
Cermi-Mujeres indicó que muchas de estas situaciones se producen ante el desconocimiento de las mujeres de sus derechos y por la confianza que les genera su entorno, que adopta decisiones en su nombre sin explicárselas.
Peláez también criticó que la práctica de esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad esté permitida legalmente en España. “Están reguladas en el Código Penal y parten de una incapacitación judicial”, aclaró Isabel Caballero, coordinadora de Fundación Cermi-Mujeres.
“Hay que construir una justicia que no sea hostil y que cuando las mujeres vayan no tenga muros”, expuso Jesús Martín, del área de derechos humanos de Cermi.
“Las políticas de discapacidad invisibilizan las políticas de género y en las políticas de género no se mencionan las situaciones de discapacidad de las mujeres”, que según ONU-Mujeres, el 20% de la mujeres tienen discapacidad.
Desde Cermi concluyeron con una serie de consejos dirigidos al Ejecutivo, como mejorar la recopilación estadística, aumentar los mecanismos de denuncias sobre discriminación, más accesibles y adecuados, y aprobar una ley general de igualdad y no discriminación.
Además, CCOO alertó de la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en el mercado laboral -sobre todo de las mujeres-, que tienen mayores dificultades para encontrar empleo y sufren más la precariedad para las que reclama empleo digno. - Efe/E.P.
