MADRID - Atender a los inmigrantes que llegan a Euskadi como parte de su viaje hacia otros países europeos y establecer estrategias para acoger a quienes quieran iniciar aquí un proyecto de vida son las principales líneas de actuación de las instituciones vascas en materia de inmigración y para las que la consejera Beatriz Artolazabal reclamó ayer más colaboración por parte del Gobierno español y un mayor nivel de coordinación entre comunidades.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales solicitó ayer a la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social “una mayor coordinación y colaboración en la acogida urgente de personas migrantes; más colaboración para la ampliación del programa de humanitario vasco Harrera para migrantes en situación de exclusión grave; una regularización más ágil y flexible de los permisos laborales y la reformulación de los ámbitos competenciales en materia de inmigración”. Beatriz Artolazabal, que participó junto al director de Políticas Familiares y Diversidad del Gobierno Vasco, Ernesto Sainz Lanchares, en la IX Conferencia sectorial de la inmigración, celebrada ayer tarde en Madrid, expuso a la ministra Magdalena Valerio las fórmulas aplicadas en Euskadi para hacer frente al aumento de la inmigración.
En la conferencia sectorial, que no se reunía desde el año 2015, los representantes de políticas sociales de las distintas autonomías describieron la situación que viven en el actual proceso migratorio y las políticas puestas en marcha para gestionarlo. El acogimiento desigual de menores extranjeros no acompañados -de los que hay más de 8.000 y aumentan constantemente-, los recursos de emergencia para una primera acogida o los traslados de migrantes a otra comunidad cuando los centros temporales se saturan, fueron algunos de los temas tratados. La cita, sin embargo, no sirvió para concretar medidas ante estos problemas o para reducir las diferencias territoriales a la hora de atender a inmigrantes y refugiados.
Los representantes del Gobierno Vasco preguntaron a la ministra “por la planificación y los procedimiento previstos por el Estado para gestionar el alto número de personas migrantes en tránsito que a lo largo de este verano están accediendo desde el sur de la península en dirección al norte de Europa y que recalan durante unos días en Euskadi. Artolazabal también se interesó por la estrategia, si es que se ha establecido, del Gobierno español junto a la Unión Europea para garantizar una correcta atención a las personas migrantes en tránsito y un reparto equilibrado y efectivo de recursos entre todas las comunidades”.
Más ayudas La consejera vasca expuso que “las instituciones vascas se han preparado para dos tipos de atención. Por un lado, la que se debe prestar a las personas migrantes en tránsito, atendiendo las necesidades básicas que presentan durante los días que permanecen en Euskadi. Y por otro lado, la planificación de estrategias a largo plazo para acoger a las personas inmigrantes que deciden quedarse e “iniciar un proyecto de vida en esta parte de Europa”.
Beatriz Artolazabal solicitó del Gobierno español “colaboración para la ampliación del Programa de Humanitario vasco Harrera de ayuda a emigrantes y una solución con garantías de integración social para la gente migrante que ha llegado a Euskadi y se encuentra en situación de exclusión grave. En definitiva se trata de gestionar la urgencia en una situación cambiante”, resumió la consejera.
La necesidad de alcanzar un mayor grado de coordinación entre las distintas comunidades autónomas también fue expuesta y reivindicada por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, quien pidió a todas las autonomías una manifestación de “voluntad política” para llegar a un pacto de Estado para abordar la migración.
La consejera andaluza aseguró que hay que coordinarse, “más allá del ámbito europeo”, porque hay que tomar “decisiones importantes” que se gestionen desde la solidaridad y, especialmente, en el caso menores extranjeros no acompañados (Menas). Recalcó el “muy importante flujo” de personas que llegan a Andalucía y afirmó que deben ser “atendidas” según unas características “muy particulares” centradas en la protección y proyectos de vida laboral. “Estamos haciendo un gran esfuerzo económico y del sistema de protección” aseguró y reclamó una coordinación de ámbito estatal y “desde la solidaridad”.
Personas vulnerables Tras la reunión, el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, criticó que la conferencia sobre la migración haya versado sobre “buenas palabras pero ninguna concreción”, a pesar de ser una situación “grave” por la “vulnerabilidad” de seres humanos. Amorós insistió en que el problema no es una “avalancha de cifras” de migrantes sino la “vulnerabilidad” de estas personas y pidió que se rechace “la agitación del miedo y se comience a buscar soluciones entre todos”. “No es un problema de cantidades sino de vulnerabilidad”, insistió.
A pesar de que no se haya llegado a ninguna medidas concreta, el consejero catalán calificó la conferencia como “positiva”, teniendo en cuenta que durante los últimos tres años no ha habido reuniones, a pesar de que se conocía que esta situación necesita una “gestión por parte de todos”.
Antes de la celebración de la conferencia sectorial, la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, adelantó que el Gobierno español tiene la intención de coordinar el reparto de los más de 8.000 menores extranjeros no acompañados (Menas) con las comunidades autónomas, a las que apoyará con el Fondo de Integración que volverá a tener dotación en las cuentas de 2019. “A 31 de julio, hay más de 8.000 menores extranjeros no acompañados, principalmente en Andalucía, País Vasco, Cataluña y Melilla”, cuantificó Rumí, quien recordó la competencia de las comunidades en la tutela de los menores y el compromiso del Gobierno en la defensa del “interés superior del menor”.
En este sentido, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, dijo que en el caso de los menores “seis comunidades estamos absorbiendo este fenómeno y los sistemas de protección no dan abasto”.
Menores. A 31 de julio, hay más de 8.000 menores extranjeros no acompañados, principalmente en Andalucía, País Vasco, Cataluña y Melilla, según señaló Consuelo Rumí.
LLegadas. Según Mónica Oltra, entre enero y mayo de este año las llegadas de menores no acompañados “se han multiplicado por once” con respecto al mismo periodo de 2017. Y las llegadas se han incrementado en un 327% respecto a 2016.
Save the Children reclama un acuerdo entre Gobierno y autonomías “sobre el reparto de responsabilidades” respecto a los menores extranjeros no acompañados”. Considera necesario que se mejore la coordinación para garantizar la protección y el bienestar de los menores.
