GASTEIZ - La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, compareció ayer en la comisión de investigación del Parlamento Vasco para depurar posibles responsabilidades políticas derivadas en el caso de los comedores escolares, el pacto de los precios concertado por siete empresas de catering durante una década, a las que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado a pagar una multa de 7,24 millones de euros. El testimonio de Urresola era uno de los más esperados por los grupos ya que fue la Autoridad Vasca de la Competencia la que destapó en 2016 la existencia de este cartel, cuyo pacto encareció el servicio de jantoki en los centros públicos.
La presidenta de la AVC, que impuso una multa de 18 millones de euros a las siete firmas, declaró en la Cámara que no le “consta” que existiese “connivencia” entre el Gobierno Vasco y los responsables de las empresas sancionadas. Urresola, que indicó que el “objetivo” de la AVC no es “analizar” si hubo esa “connivencia”, manifestó que desconoce si en la actitud de las empresas o de la administración hubo una voluntad deliberada de cometer un delito. “Son ustedes los que deben entrar en esa cuestión”, zanjó. Urresola explicó que el Departamento de Educación y la Autoridad Vasca de la Competencia mantuvieron un contacto “bastante intenso” para diseñar las modificaciones introducidas en los pliegos de licitación del servicio de comedores escolares a partir de 2015. Las modificaciones introducidas, según dijo, han contribuido a mejorar las condiciones de competencia en el acceso a este concurso. - I. A.
