Bilbao - El Gobierno Vasco renunció ayer a solicitar indemnizaciones en el juicio del caso Margüello que se celebra en la Audiencia Provincial de Bizkaia por supuestas irregularidades en contratos públicos de Osakidetza para beneficiar a empresas del exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, porque, según el letrado del Ejecutivo vasco, Javier Otaola, “no se ha acreditado daño económico real, cierto y efectivo”.
El Ministerio Público, por su parte, mantuvo la acusación contra los cuatro encausados y defendió que las empresas que resultaron adjudicatarias de convenios de la Administración vasca para la gestión de la lista de espera “no aportaban nada” y “la única voluntad era la de derivar dinero público a las empresas de Margüello”. Los abogados de los acusados, Javier Beramendi y Joanes Labayen, pidieron, por su parte, la libre absolución de sus defendidos.
La Audiencia Provincial de Bizkaia acogió ayer la presentación de las conclusiones definitivas en la última sesión del juicio del caso Margüello, en el que están imputados el exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello; el exdirector de Sanidad de Bizkaia, José Ramón Elorriaga; el exviceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, y María Nieves Fernández, socia de Margüello en la empresa Gestión de Servicios Sanitarios, por supuestas irregularidades en contratos de Osakidetza.
El Ministerio Fiscal mantuvo las penas de 11 años de prisión para Margüello, Elorriaga y Fernández, y 6 años y cinco meses para Cerdán. El fiscal acusa a esas cuatro personas de delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, fraudes ilegales contra la Administración pública y, en el caso de Margüello, de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La Fiscalía considera que habrían cometido irregularidades en las contrataciones de servicios por un importe total de 6,8 millones de euros. - E. Press
