madrid - La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer la proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Así, la nueva normativa permitirá desalojar la vivienda de un particular en cuestión de días frente, un procedimiento que hasta ahora podía demorarse varios meses e incluso años.

La comisión de la Cámara baja envió la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y el texto, previsiblemente, saldrá adelante. En concreto, la norma fue aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra (se opusieron el PSOE, Unidos Podemos y ERC, que consideran que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble). y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés (en un máximo de 20 días) de los domicilios de propietarios que sean “personas físicas, organizaciones sin ánimo de lucro y entes públicos dueños de viviendas sociales”.

PP, Ciudadanos y el PNV, por su parte, votaron a favor de la proposición de ley, que permitirá a los afectados por una okupación “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”.

“Buscamos prevenir situaciones como la sucedida en Barcelona, donde un hombre descubrió que su domicilio estaba ocupado por una mafia, o el caso de viviendas públicas para uso social que se encontraban ocupadas para plantar marihuana”, señaló Lourdes Ciuró, del PdCAT.

En un principio, los socialistas se habían mostrado partidarios a aprobar la reforma legislativa, pero finalmente se descolgaron del texto que habían respaldado en la fase de ponencia porque, a su parecer, “el resultado final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes”.

temor a los bancos Unidos Podemos había alertado antes de la votación de que la proposición de ley abre la puerta a que los bancos y fondos buitre puedan acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

Además, la nueva ley no garantiza la alternativa habitacional para los desalojados de dichas ocupaciones y no dispone de medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Eso sí, la propuesta establece la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda “medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial” con el fin de “dar una respuesta inmediata” a casos de vulnerabilidad. - DNA