Madrid - “Si tengo que matarme de hambre, lo hago, tengo que comprar las medicinas”; “por favor, recéteme algo barato”; “no me puedo permitir los medicamentos”... Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la “crueldad” de los recortes en el sistema de salud, que han tenido un “impacto desproporcionado” en los más vulnerables.

En su informe La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España, que AI presentó ayer en Madrid, concluye que los ciudadanos con rentas bajas, especialmente los enfermos crónicos, las personas mayores y los pacientes que reciben tratamientos de salud mental, han sido los que más han acusado los recortes sanitarios introducidos desde 2009.

Los recortes han deteriorado la calidad, accesibilidad y asequibilidad de la atención sanitaria española, defiende la organización en su estudio, que se ha centrado en Andalucía y Galicia y para el que ha entrevistado a 107 enfermos, 75 profesionales de la salud y 60 expertos en sanidad pública. “La reducción del gasto público en sanidad ha tenido un efecto devastador entre los colectivos más vulnerables. Son recortes crueles que han perjudicado seriamente el derecho a la salud y han provocado dolor y sufrimiento a las personas enfermas”, sostuvo la responsable del área de derechos económicos y sociales de AI, Marta Mendiola. El informe recuerda que en 2009 la administración central comenzó a recortar el gasto público en Sanidad (que en 2013 era un 12,7% inferior al de 2009) y en 2012 aprobó el real decreto que limitaba la atención a personas migrantes en situación irregular.

COPAGO FARMACÉUTICO Además, a esas medidas se suman el haber trasladado a los enfermos el coste de determinados servicios, la introducción del copago farmacéutico y la desfinanciación de más de 400 medicamentos. Esto ha llevado a los hogares a gastar más en salud y ha obligado a muchos pacientes, ha alertado Mendiola, a tener que depender de sus familiares para pagar los tratamientos, a prescindir de la medicación, a racionar las medicinas o a optar por pagarlas en detrimento de otros gastos. “No puedo vivir con este dolor, tengo que tomar mis medicinas. O las tomo o me suicido, así que si tengo que matarme de hambre, lo hago porque tengo que comprarlas”; “muchas personas me dicen: por favor, recéteme algo barato”; “este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos”, son algunos de los testimonios que recoge el informe de Amnistía.

“El Gobierno ha aplicado la receta equivocada: los recortes”, lamentó Mendiola. La responsable del estudio, Sanita Ambast, explicó que la disminución del gasto público en sanidad ha afectado también a la actividad de los profesionales de la salud: son menos, afrontan más horas y carga de trabajo (pudiendo dedicarle menos tiempo a sus pacientes), sufren más precariedad y tienen peores salarios y menos beneficios. Asimismo, se ha detectado un aumento de las listas de espera. “Ha sido una década perdida para la salud pública en España”, aseguró la investigadora, quien ha afeado que el Ejecutivo no elaborara una evaluación de impacto de estos recortes sobre el derecho a la salud antes de ponerlos en práctica. - Efe