Parque de alquiler. Para impulsar el parque de viviendas de alquiler habrá promoción de nuevas viviendas y alojamientos dotacionales. Se quiere contar con 2.950 nuevas viviendas en alquiler.
Colectivos. Se cederán 100 viviendas para personas sin hogar y otras cien para personas en riesgo de exclusión gestionadas a través de organizaciones del tercer sector. También se cederán 150 locales a ONG. Además, se aportará vivienda pública para personas desahuciadas o mujeres víctimas de maltrato.
Accesibilidad. Otro gran objetivo del Plan es la rehabilitación, “en grado extremo” en cuanto a la accesibilidad para personas mayores y también en eficiencia energética, para lo que se dispondrán de 93 millones hasta 2020.
Desde 2004 el Gobierno Vasco ha ingresado tres millones de euros en concepto de sanciones por 1.354 expedientes tras detectar fraudes o usos indebidos del parque público. El nivel de irregularidades detectadas se cifra en el 5% de un total de 75.000 viviendas públicas y las sanciones en el 1%, ya que muchas anomalías no se concretan en sanción tras las alegaciones y recursos. La infracción más habitual es la no ocupación, seguida de los alquileres no autorizados y los usos indebidos (pisos turísticos, por ejemplo).
Las inspecciones técnicas de edificaciones (ITE) serán la base para desarrollar la política de rehabilitación del Gobierno Vasco, por lo que se van a favorecer e impulsar. También se creará un instrumento financiero para facilitar crédito a las comunidades de propietarios para las obras de rehabilitación que determinen las ITE. La intención del Departamento de Vivienda es crear ese instrumento, en colaboración con las entidades financieras y una dotación inicial de 30 millones de euros, este año para que pueda empezar a dar financiación en 2019.
50,7
El Programa Gaztelagun entrará en vigor el 1 de enero de 2019 con una dotación de 5 millones de euros, que se elevará a 11,25 en 2020, hasta sumar 50,75 millones hasta el año 2024.
El alquiler y la rehabilitación son básicamente las prioridades del Plan Director de Vivienda 2018-2020 y hacia las que van dirigidas importantes novedades, como el Programa Gaztelagun, que dará ayudas a jóvenes que alquilen piso en el mercado libre, y un nuevo instrumento financiero que facilitará préstamos a las comunidades de propietarios para que puedan acometer obras de accesibilidad y de eficiencia energética.
El viceconsejero de Vivienda, Pedro Jáuregui, explicó ayer que uno de los objetivos de este Plan Director es desarrollar la Ley vasca de Vivienda de 2015 a través de reglamentos y ejes de actuación que den respuesta a las necesidades residenciales de la población. Respecto al reglamento que debe desarrollar el derecho subjetivo a la vivienda, Jáuregui adelantó que “ya está preparado” y se quiere aprobar este año, pero que el traspaso al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda desde Lanbide de la gestión de los casi 29.000 expedientes de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) retrasa el decreto.
El viceconsejero destacó que este plan “cuenta con respaldo presupuestario para sus actuaciones”. Así, los presupuestos del Gobierno Vasco de los próximos años recogerán las partidas necesarias para llevar a cabo los programas y acciones previstos, que requieren una inversión de 1.119 millones de euros en el periodo. Esta cifra supone un incremento del orden de 70 millones anuales respecto a ejercicios precedentes o 211 millones más que los gastados con el plan anterior.
Según Jáuregui, de los 63.000 solicitantes de vivienda de Etxebide, 51.000 demandan vivienda en alquiler y el resto (12.000) en compra. “Tenemos que ser capaces -dijo- de dar respuesta a esos demandantes que se van a mantener en el tiempo, porque la demanda de alquiler no se va a reducir, bien proporcionándoles una vivienda o mediante ayudas para acceder al mercado privado”. Recordó también que la ley obliga actualmente a que el 80% de la promoción de vivienda pública sea en régimen de alquiler y en el año 2020 deberá ser el 100%, y eso conlleva que la actividad de Visesa se reoriente a la producción de vivienda de alquiler.
Frente a las limitaciones -coste y tiempo- que presenta la producción de vivienda pública, la alternativa es la captación de vivienda privada para destinarla al alquiler protegido. A finales de 2017 Bizigune contaba con más de 4.600 viviendas, tras un descenso a 4.200 por la reactivación del mercado privado y los pisos turísticos. El objetivo del plan es sumar 350 y para ello se va a promocionar Bizigune, “que sigue siendo un desconocido para muchos propietarios”, y se cuenta con la subida de la retribución hasta 600 euros. En opinión de Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, el incremento de los precios de los alquileres en el mercado libre traerá un aumento de los impagos, por lo que anima a poner las viviendas en Bizigune, que “ofrece seguridad a cambio de algo menos de rentabilidad”.
Tras detectar que muchas viviendas vacías necesitan reformas y acondicionamiento antes de ponerse en alquiler, el Departamento vincula la rehabilitación con la captación de vivienda y ofrece una financiación a coste cero por importe de 18.000 euros. La condición para acceder es que la vivienda se ponga durante 6 años a disposición de alguno de los programas públicos. Durante ese tiempo el préstamo se descuenta de la renta que se paga al propietario.
Otra novedad del plan es la creación de cupos para los procesos de adjudicación de Etxebide que complementen el sistema de baremos, ya que, según reconoció Jáuregui, “hay perfiles sociológicos que sistemáticamente se quedan fuera de las adjudicaciones, como es el caso de los jóvenes, que como no llevan mucho tiempo inscritos, ni tienen muchos miembros en la unidad convivencial no les toca nunca”. La idea es introducir cupos en cada promoción para jóvenes y acreedores del derecho subjetivo y en función de la demanda, también cupos específicos para mayores, por ejemplo.
