La reforma del Registro Civil aprobada en 2011 sigue sin hacerse realidad

El debate parlamentario sirvió a la oposición para poner en duda las intenciones del Gobierno español, que lleva siete años prorrogando la entrada en vigor de esta norma, por lo que varios partidos cuestionaron su voluntad de cumplirla y calificaron de “parches” o “amaños” los nuevos textos presentados a lo largo del tiempo o los “globos sonda” sobre quien debe hacerse cargo de los Registros. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ajeno a las críticas, pidió un apoyo -que no obtuvo- para que el próximo mes de junio los ciudadanos españoles pudieran tener “un servicio público de calidad”.

La reforma del Registro Civil establecida por la Ley 20/2011 de 21 de julio deberá entrar en vigor el 30 de junio de este año, cuando concluya la cuarta y última -hasta el momento- prórroga acordada para una norma que impone la desjudicialización del Registro -actualmente al frente de cada oficina hay un juez o jueza- pero que no llega a adjudicar la llevanza del organismo a ningún grupo profesional concreto.

“El 22 de febrero de 2017 hubo una Conferencia sectorial de Justicia de las comunidades autónomas que tienen las competencias en la materia con el Ministerio en la que se llegó a un acuerdo para que los encargados del Registro, en sustitución de jueces y magistrados, fuesen los letrados, los antiguos secretarios judiciales, con el apoyo del personal funcionario. También se acordó la aplicación paulatina del cambio, empezando por los Registros que, como el de Bilbao, solo tienen esa función, porque hay otros mixtos, es decir, que además de las registrales tienen funciones judiciales y el juez que está al frente lleva el Registro y casos judiciales. Ese era el acuerdo, pero de repente, sin previo aviso ni negociación, nos encontramos con que en la proposición que el Gobierno trae al Congreso el PP cambia los términos del acuerdo alcanzado el año pasado y deprime las competencias ejecutivas que tenemos desde el año 1987” explica Mikel Legarda, diputado del Grupo Vasco .

Legarda recuerda que la reforma del Registro Civil es un proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ya nació fijando una vacatio legis de tres años “para poder establecer cómo se podía aplicar la reforma”, y que ha ido sumando prórrogas porque no se terminaba de definir el modelo. “Desde 2011 ha habido mil propuestas y globos sonda, algunas han llegado al Boletín, aunque luego han muerto, se habló de que el control de los Registros pasaba a los secretarios judiciales, a los notarios... en 2014, justo cuando acababa la vacatio legis Gallardón, en las disposiciones adicionales de un real decreto ley de medidas urgentes, decidió que se encargaran los registradores mercantiles y de la propiedad. Los registradores se rebelaron porque querían cobrar, se interpretó que eso era un intento de privatización, se armó el follón y se paró”, rememora el diputado del PNV.

El acuerdo de 2017 En cuanto al acuerdo alcanzado por los representantes del Gobierno Vasco y de varios partidos políticos con el Ministerio de Justicia y el PP para que sean los letrados (secretarios judiciales) los máximos responsables de los Registros y para llevar a cabo los cambios primero en los que solo tienen actividad registral y luego en los mixtos, Mikel Legarda señala que la posición defendida por el PNV era “que se podía quitar a los jueces, entendiendo que allí no realizaban funciones judiciales, pero que había que mantener los Registros en el ámbito de la Administración de Justicia, porque es donde están los medios humanos y materiales”. El diputado vasco denuncia que en lugar de respetar los términos del acuerdo, la proposición debatida -y rechazada- el día 13 en el Congreso venía a decir que “vamos a hacer lo mismo, con la misma gente, con los mismos sueldos, en los mismos locales, pero sin las competencias que la Comunidad Autónoma Vasca tiene sobre todo esto”. Legarda califica la proposición del PP de “tomadura de pelo” y asegura que “no se puede decir que yo lo sigo pagando todo, que tengo los mismos o más funcionarios, que les pago el sueldo, les pongo los equipamientos, les doy formación, pero que tú los diriges desde Madrid como si fueran tuyos”.

Este último traspiés en la reforma del Registro Civil retrasa una renovación que todo el mundo ve necesaria y cuya principal característica es la adaptación a las nuevas tecnologías. Actualmente en el Estado español hay 16 Registros Civiles exclusivos y 431 oficinas de Registro. En todas estas instalaciones se realizan los trámites para inscribir oficialmente acontecimientos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales; cada uno de ellos en la sección correspondiente. Frente a ese modelo, que data de 1957, la reforma plantea un Registro Civil público, único, gratuito, electrónico y desjudicializado, pero dentro del ámbito de la Administración de Justicia, en el que se suprimirán las secciones actuales y se creará un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida de cada persona, asignándole un código personal desde la primera inscripción. El acceso telemático al Registro y la total digitalización de los datos son otras características relevantes del nuevo modelo.

La estructura prevista es una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro y Oficinas Consulares del Registro, dotadas con funciones y competencias propias y dirigidas por el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

Argumentos en contra La invasión de competencias fue el principal argumento del PNV para rechazar la propuesta del Gobierno español, pero no fue la única objeción que tuvo que oír el ministro de Justicia. Según Mikel Legarda, los diputados del PSOE se opusieron porque ven la reforma como algo propio, ya que procede del Gobierno de Rodríguez Zapatero, y argumentaban que el Ministerio pedía un cheque en blanco para aplicar los cambios materiales -sistema informático, hoja única personal- a través de órdenes ministeriales y al ritmo que le convenga. “Ciudadanos -señala Legarda- también fue por esa línea y Podemos insistió en que los secretarios judiciales que pasan a dirigir los Registros asumen nuevas competencias y responsabilidades y tienen que ser remunerados”.

La mayoría de los grupos del Congreso de los Diputados opinaron en el debate que la propuesta del PP ni se ajustaba ni era respetuosa con el modelo de la Ley de 2011. “Por todos esos motivos -resume el diputado del PNV- se echó atrás la proposición y ahora creo que tendremos que entrar en una negociación para decidir si es necesaria una nueva prórroga, porque seguramente el Gobierno no será capaz de presentar una propuesta consensuada antes del 30 de junio”. En su opinión ahora hay dos opciones: “Que el Ministerio de Justicia se ponga las pilas, llegue a un acuerdo con los grupos y lo tramite por la vía de urgencia; o que se establezca un nuevo plazo temporal para consensuar la reforma”.

La Ley del Registro Civil aprobada en 2011 supone una transformación del actual sistema registral en el Estado español, que procede del año 1957.

Actualmente, la persona tiene que ir al Registro Civil del lugar donde se produjo el hecho inscrito para realizar sus gestiones. Con el nuevo modelo, podrá solicitar por medios electrónicos desde su casa o en cualquiera de las oficinas la información que obra en el Registro. También se podrá proceder a la inscripción telemática, con independencia del lugar donde se produzca el hecho inscribible.

Con el nuevo modelo, cada persona tendrá un registro individual en el que se inscribirán todos los hechos y actos relativos a su vida civil. Actualmente, cada inscripción obra en un tomo distinto para cada hecho de su vida: nacimiento, matrimonio, fallecimiento?

El Registro Civil será único para todo el Estado español y tendrá varias oficinas en cada comunidad. El registro estará organizado en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias con un carácter electrónico, público y gratuito.

El Registro Civil se configura como una base de datos única. La nueva Ley suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en secciones (nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales) y crea un registro individual para cada persona a la que desde la primera inscripción que se practique se le asigna un código personal.

Los libros físicos serán sustituidos por una base de datos electrónica común, de tal manera que la ciudadanía podrá realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país. Con la entrada en vigor del nuevo Registro Civil desaparece el Libro de Familia, que será sustituido por certificaciones registrales.

El modelo de Registro en el que se trabaja pretende eximir al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente al Registro Civil y se apuesta por un modelo electrónico que supere el anticuado sistema de libros. La firma electrónica es uno de los escollos a superar en la reforma.

Se garantiza el uso de las lenguas oficiales del Estado en el lugar donde radique la oficina y se podrán obtener certificaciones bilingües.