MADRID - Las cuatro asociaciones de jueces mayoritarias afirman que las denuncias elevadas por las asociaciones de mujeres en relación al “maltrato judicial” que estarían recibiendo algunas víctimas de violencia de género en los juzgados especializados son un “ataque a la independencia judicial”. “Tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando aquellas nos son desfavorables (incluso después de haber sido confirmadas en segunda instancia), constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia”, aseguran.
En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente muestran su apoyo a los dos jueces contra quienes las citadas organizaciones de mujeres han interpuesto denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Piden a este organismo que “ampare a quienes se sientan perturbados en su independencia judicial como consecuencia de la presentación de quejas que ataquen su función jurisdiccional”. Se refiere a 2 casos concretos de víctimas de violencia de género denunciados por la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos, entidades que han anunciado su intención de llevar al órgano de gobierno de los Jueces cuantos casos recaben de mujeres que no han recibido el trato debido en su proceso de denuncia de malos tratos.
Tras recordar que “el trato desconsiderado a quienes acceden a los órganos judiciales siempre es susceptible de ser denunciado ante el CGPJ”, incidieron en que “los miembros de la Carrera Judicial destinados en órganos con competencias en violencia sobre la mujer, gozan de una formación específica sobre la materia” que se traduce en “un tratamiento especial y diferenciado para las víctimas de violencia de género”.
“Los miembros de la Carrera Judicial investigan, exclusivamente, hechos presuntamente delictivos. Una instrucción penal no es solo correcta si el imputado resulta condenado, puesto que muchos son los factores que pueden llevar a la absolución y que deben ser valorados por el órgano enjuiciador (distinto del instructor)”, destacaron las asociaciones.
En este sentido, incidieron en que todas las resoluciones judiciales en materia de violencia sobre la mujer “son susceptibles de recurso ante el órgano superior colegiado”. Añadieron que, no obstante, “obtener Justicia no es sinónimo de que se nos de necesariamente la razón y tutela judicial efectiva implica el derecho a obtener una resolución fundada en derecho”. - E.P.
