Más de 18.000 niñas en riesgo de sufrir mutilación genital en el Estado

"Tiene que dejar de ser un condena nacer niña en algunos países del mundo", como Senegal, Nigeria, Mali, Gambia, Ghana y Guinea, por ejemplo, donde se realiza esa práctica, ha reclamado la presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), entidad que ha organizado la jornada.

En el Estado español viven 70.000 mujeres originarias de alguno de esos países en los que está extendida la práctica, de las que más de 18.000 son menores de 14 años, según datos de la Fundación Wassu.

Las personas de esas nacionalidades se concentran en siete comunidades principalmente: Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia, País Vasco, Aragón y Murcia.

"El 50 por ciento vive en Cataluña, que aplica un protocolo ante estas situaciones", ha explicado Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, quien ha destacado que "la sanción penal es homogénea en España, pero la intervención es dispar en cada comunidad autónoma".

Esta investigadora defiende que el enfoque punitivo debe ser la última opción y propone trabajar desde el ámbito de la sensibilización, con las comunidades y con los hombres y mujeres, y formando a profesionales para la detección de los casos.

"Habría también que adaptar el tipo penal a cada situación porque si son muy elevadas las penas, se desincentiva la denuncia de los familiares", ha advertido.

El Código Penal castiga la mutilación genital femenina como un delito. Los padres pueden ir a la cárcel entre 6 y 12 años y perder la custodia de sus hijas; la ley castiga esta práctica aunque se realice fuera de España, recuerda UNAF.

"Sería bueno tener un registro de casos, que no hay, porque falta todavía mucha información y sensibilización entre los profesionales con algún tipo de contacto con personas de esas nacionalidades" a través de los servicios sociales o sanitarios, asegura Luisa Antolín Villota, técnico de los programas de promoción de la Salud Sexual e Intervención ante la Mutilación Genital de UNAF.

La experta señala que el protocolo sanitario es lo más desarrollado, pero insiste en la importancia de trabajar más en la sensibilización, como hace su organización con talleres que imparten a profesionales y personas de esas comunidades.

Como Ibrahim Bah y Aissatou Barry, un matrimonio de Guinea Conakry, que vive desde hace dos años en España y que han decidido impedir que le practiquen la mutilación genital a su hija cuando viajen a su país.

"Fue duro adoptar esta decisión porque nuestra familia no lo entiende muy bien, pero vamos a seguir hablando para que se den cuenta de que no debe hacerse", explica a Efe Ibrahim, que se ha convertido en mediador intercultural y activista contra esa práctica.

Desde la secretaria general de Inmigración del Ministerio de Empleo, Ildefonso de la Campa ha dicho que el Gobierno es consciente de que "hay que plantar cara a la mutilación genital", que es sancionada en el artículo 149.2 del Código Penal, "pero también a través de la educación y la concienciación con el objetivo de acabar con "esas prácticas que son el máximo exponente de la violencia de género".

Ha recordado que los fondos que el Gobierno destina a la lucha contra la mutilación genital han pasado de 163.000 euros en 2015 a 262.000 en 2017.

En total, 200 millones de mujeres y niñas soportan ya las cicatrices y otras graves secuelas físicas y psicológicas derivadas de esta práctica, consistente en la extirpación de tejido de cualquier parte de los genitales femeninos por razones culturales, religiosas y en algunos casos por falsos beneficios para la higiene o la salud de la mujer.

Concentrada principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, la ablación se ejerce también en otros de América Latina y Asia, y persiste en poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.