Las consecuencias que tuvo el desarrollo de la energía nuclear en el Estado fueron muchas y la mayoría perjudiciales. Los consumidores pagaron durante veinte años una indemnización a las eléctricas en la factura de la luz. En Nafarroa, la central de Garoña ha amenazado durante cuarenta años el ecosistema del Ebro; y en Tudela la donostiarra Gladys del Estal fue asesinada por la Guardia Civil en una manifestación antinuclear.

La deuda que contrajeron las compañías eléctricas para levantar las centrales nucleares fue muy superior a lo que podían asumir. El profesor de la UPNA y autor del libro sobre la historia nuclear española, Joseba de la Torre, afirma que en el año 1991 la deuda de estas empresas “superaba el billón de pesetas [6.000 millones de euros]”. Ante la imposibilidad de hacer frente al pago del déficit, el Gobierno socialista de Felipe González nacionalizó la deuda de las entidades privadas y se comprometió a indemnizarlas por el bloqueo atómico que supuso la moratoria nuclear.

“El rescate financiero de las nucleares lo fuimos pagando los consumidores todos los meses en la factura de la luz desde 1994 hasta 2015”, explica De la Torre. Es decir, las eléctricas recibían una indemnización a través de un sobrecoste en el recibo de la luz.

En cuanto a los riesgos ecológicos que supuso la implantación de centrales nucleares, la otra autora del libro, titulado The Economic history of nuclear energy in Spain. Governance, business and finance, Mar Rubio-Varas, asegura que la central de Santa María de Garoña amenazó al río Ebro durante los cuarenta años que estuvo en activo. “Garoña necesitaba mucha agua para funcionar y siempre existió el riesgo de que se produjese algún tipo de escape”, señala. Además, el reactor de la central era el mismo que el de la de Fukushima, por lo que tras el desastre de 2011, la preocupación ante una posible catástrofe similar en Garoña se acrecentó.

El pasado 1 de agosto, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunciaba la clausura definitiva de Santa María de Garoña, un acontecimiento que desde el movimiento ecologista se asumió como un triunfo simbólico, una rotunda victoria de una pelea política y social que se inició hace más de 40 años. No obstante, según Rubio-Varas, las razones que llevaron a los propietarios de la central a cesar su actividad fueron económicas. “Como a todas las centrales, después de la moratoria se les pidió unas mejoras en la seguridad que no les salía rentable aplicar, por eso la cerraron”, apunta.

Hace pocas semanas, el catedrático Jorge Fabra Utray, propuesto para formar parte del Consejo se Seguridad Nuclear, expresaba su preocupación por la posibilidad de que la seguridad nuclear se relaje ante intereses económicos. “En la Comisión Nacional de la Energía un estornudo o un guiño movía 100 millones de un sitio a otro” bromeaba al tiempo que insistía en que “los intereses económicos que se juegan” en este sector son “enormes” y que de ellos “tienen que prescindir los dictámenes del CSN”.