Abogan por nuevas políticas de garantía social atendiendo al modelo vasco

Desde hace tiempo además, para picazón del Gobierno español y del PP, contrario a cualquier iniciativa (civil o pública) que suponga dotar de un marco normativo avanzado y eficiente al sistema. Precisamente hace unos días insistían en ello desde la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales.

Argumentan que los tiempos han cambiado y que la actual estructura es más propia de otros momentos históricos en los que nadie sabía qué eran las políticas activas de empleo y en los que el perfil de la persona destinataria de estas prestaciones (en situación de grave exclusión social o en riesgo de estarlo) era completamente distinto al de hoy día: pensionistas con bajas cotizaciones, trabajadores con sueldos precarios,? “Es necesaria una profunda revisión de las políticas de garantía de rentas”, resumían en la presentación del Índice de desarrollo de los Servicios Sociales.

Y es que, ha cambiado y sigue cambiando el tipo de perceptor que necesita apoyo de los Servicios Sociales pero que, sin embargo, no requiere de ninguna otra intervención facilitadora de su inclusión social porque están perfectamente integrados en su comunidad. Este nuevo escenario justificaría esa metamorfosis total que piden del sistema: contenidos, personas destinatarias “y procedimientos de esas prestaciones dirigidas a garantizar unas rentas mínimas”, agregaban. En su último informe (Índice DEC 2017), los responsables de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales apuntan al carácter de derecho subjetivo que deberían tener esas coberturas una vez actualizadas; tal y como ya ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca.

“Se trata -concretaban en ese documento- de poner en marcha prestaciones que, con carácter de derecho subjetivo, garanticen unos ingresos mínimos para cubrir las necesidades básicas [?] Tratando el acompañamiento para la inserción social y laboral como un derecho y no como una obligación, salvo tal vez en determinadas situaciones crónicas que deberían ser claramente identificadas”, al tiempo que abogan por la creación de una Ley estatal, un marco general de mínimos que luego podría completar cada administración a su gusto -y según su disponibilidad- para poder reforzar los servicios sociales ‘locales’ con iniciativas de apoyo social más efectivas y enfocadas.

“Ni los argumentos sobre lo inasumible de su coste ni sobre la desmotivación laboral que esgrime el PP para oponerse a esta propuesta tienen fundamento alguno”, recriminaban recientemente desde la Asociación estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales. Es más, recomendaban al Ejecutivo español y a los responsables del PP que pongan su mirada en el caso vasco y reflexionen sobre este modelo incluso desde la visión economicista y neoliberal del coste-beneficio.

Más avanzado “Respecto a la desmotivación para el empleo, sería suficiente que analicen la experiencia de los territorios donde esta garantía de rentas tiene un desarrollo más avanzado en tiempo y en cobertura, como es el País Vasco. Nadie puede hablar de que en esos territorios el efecto haya sido la desmotivación, sino al contrario”, zanjan en su informe. En este sentido, otra de las conclusiones que trasladaban es la necesidad de ser eficaces y eficientes con los recursos.

Eso, en su opinión, significa no seguir promoviendo más ayudas económicas [“el bono social eléctrico es la más reciente muestra de esa deriva asistencial”, describían] o materiales sino realizar una apuesta decidida por la creación de servicios destinados, por ejemplo, a favorecer la permanencia de las personas en su propio domicilio, a crear entornos de convivencia alternativa diurnos y residenciales; y servicios para la prevención de la marginación y para la inclusión social. “Impulsar servicios no solo es socialmente más útil, sino que además promueve la generación de riqueza y de empleo”, destacaban.

“Asociar pobreza y Servicios Sociales es mandar un mensaje absolutamente distorsionador de la realidad; que en lugar de poner el acento en las verdaderas causas de la pobreza y en sus soluciones, convierte estas situaciones en marginales y encomienda su atención a un Sistema que consideran que debe ocuparse de la marginación: los Servicios Sociales. En el nuevo modelo de sociedad, la pobreza ya no es sinónimo de marginalidad o de exclusión”, valoraban los responsables de la asociación.

No oficinas de pago En definitiva, mejorar la cobertura social (que es lo que realmente impacta en la ciudadanía). Y para ello, las dependencias de Servicios Sociales deben dejar de ser oficinas de pago y de “checking social para clasificar” a las personas. Así las cosas, y teniendo en cuenta la evolución positiva a nivel general de las estructuras y los presupuestos del Sistema de Servicios Sociales “y ahora que se vende que la situación parece permitir una cierta recuperación del gasto social”, la duda que asalta a los directores y gerentes es sencilla: “¿Se está produciendo una involución hacia formas asistenciales, más propias de épocas ya superadas?”

Tal y como exponían en el Índice DEC, los servicios sociales se han visto impulsados durante los dos últimos ejercicios y la inversión general, tras tocar fondo, parece comenzar a remontar hacia los niveles de 2010 “por el esfuerzo realizado por los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas, mientras el Estado se mantiene ‘en retirada’”. Y lo explican porque, a su juicio, la Administración General del Estado “ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales”.

“Si a este panorama le unimos otros síntomas como la reciente retirada de la gestión de buena parte del 0,7% del IRPF [?] la acción del Estado en materia de Servicios Sociales es cada vez más residual, manteniendo únicamente como obligación, a todas luces incumplida, la financiación del sistema de atención a la dependencia, así como el Plan Concertado para cofinanciar estructuras básicas de servicios sociales”, dice el informe.