GASTEIZ. La consejera de Educación, Cristina Uriate, ha presentado en comisión parlamentaria, a petición de EH Bildu, el proyecto de decreto de admisión de los escolares a los centros públicos y concertados, que sustituirá al vigente desde 2008 y que será aprobado próximamente por el Gobierno Vasco para entrar en vigor el curso 2018-19.
La principal novedad, según la consejera, es la inclusión en esta normativa de un apartado específico dedicado al alumnado que llega a las aulas con el curso comenzado, la conocida como "matrícula viva".
Uriarte ha señalado que durante este curso, que comenzó en septiembre, se han incorporado a las clases 3.000 alumnos no matriculados durante el periodo oficial. Se trata de escolares que en su mayoría procede de otros países o de otras comunidades autónomas y que en su mayor parte estudian en la red pública.
La consejera se ha mostrado muy preocupada porque existen "serios problemas con la educación de este alumnado", que cuenta con niveles curriculares diversos y desconoce una o las dos lenguas oficiales. "Por eso se necesita de un procedimiento y de una regulación" específicos, ha defendido.
A través del nuevo decreto se establece que su escolarización se hará teniendo en cuenta las plazas disponibles y una vez oído a los padres.
No obstante, además de las preferencias familiares y de la disponibilidad de plazas, se tendrán en cuenta factores ligados "a la planificación escolar y al equilibrio en la distribución de la diversidad entre los distintos centros", según recoge el texto.
La consejera ha explicado que "la preferencia de la familia no puede ser lo único a tener en cuenta", sino que deben analizarse además los citados criterios "para impedir la acumulación" de este alumnado en unos determinados centros.
De cara al alumnado en general, el decreto también contempla la adjudicación de un número de identificación a cada estudiante que conservará durante su presencia en el sistema no universitario.
En cuanto al proceso para acceder al centro público o concertado que elija cada familia, la nueva norma también introduce cambios en las puntuaciones que se otorgan para baremar en caso de que haya más solicitudes que plazas.
Así, la puntuación por renta familiar pasa de 1,5 a 0,5 puntos; las que obtienen los socios de proyectos educativos cooperativistas, como las ikastolas concertadas, baja de 1 a medio punto.
También se reducen las puntuaciones otorgadas por los consejos escolares de los centros por distintos conceptos, que pasa de 2 a 1 punto.
La consejera ha indicado que todos estos cambios están propuestos en el II Plan de Atención Educativa al Alumnado Inmigrante y tienen como objetivo facilitar la escolarización inclusiva y equilibrada del alumnado de origen extranjero en todas las redes.
Este plan reconoce que hay centros con un alto porcentaje de niños de origen extranjero, frente a otros con un número reducido, así como la preferencia de estas familias por los colegios públicos.
