Madrid - Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC han denunciado que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contra normas vascas de atención sanitaria a los sin papeles y contra las ayudas para paliar el copago farmacéutico contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.
En su opinión, “la reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en País Vasco y en las CCAA que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno”. Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos. - EP
