Iruñea - La décima sesión del juicio que se está celebrando en Iruñea por la supuesta violación grupal durante los Sanfermines de 2016 -la primera a puerta abierta- sirvió a las acusaciones para ratificar sus conclusiones y señalar la coherencia de la chica en sus testimonios y su inferioridad a la hora de poder defenderse. La fiscal Elena Sarasate sostuvo que los cinco jóvenes andaluces acusados de violar a la joven de 18 años actuaron de forma “conjunta y coordinada”, lo que dejó a la denunciante “sometida” y “sin posibilidad de resistencia”.

Así, el ministerio fiscal mantiene su petición de 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de los procesados, penas que elevan el resto de acusaciones hasta los casi 26 años de la acusación popular ejercida por el Gobierno de Navarra. La fiscal sostuvo que los cinco acusados -que estuvieron serios y tranquilos- actuaron de forma “conjunta y coordinada” lo que dejó a la denunciante “sometida” y “sin posibilidad de resistencia ante una agresión sexual en grupo, oral, vaginal y anal”.

De igual forma, consideró probado el delito contra la intimidad por los vídeos que grabaron los acusados, y que todos ellos son culpables del robo del móvil de la joven porque lo conocieron y lo hicieron para dejarla “indefensa”. El ministerio público señala además que los imputados no pidieron a la joven su consentimiento para las relaciones sexuales y añadió que la joven madrileña “fue humillada y vejada” por los acusados, que se valieron no solo de su superioridad física y numérica sino de las circunstancias ambientales y del lugar elegido, de muy reducidas dimensiones.

En estas circunstancias rechazó que se exija a la joven el comportamiento de una heroína o una resistencia que podía haberle puesto en mayor peligro. Esta falta de relación previa le ha llevado a poner en valor la credibilidad subjetiva de la denunciante, así como su credibilidad objetiva, “ya que ha mantenido siempre la coherencia” y su testimonio “ha sido ajustado, sin exageraciones”.

Se refirió también Sarasate a los informes policiales sobre los vídeos para señalar que destacan las palabras “imperativas” que dirigían a la joven: “no chilles” o “chupa aquí”, mientras que en ella se aprecia una actitud “pasiva, de bloqueo”, “con los ojos cerrados, ni una mirada, ni una sola palabra” y “algún gemido de dolor”. Después fue encontrada en un banco en una calle cerca del portal por una pareja que testificó que la víctima se encontraba “desconsolada, con un llanto muy amargo”, imagen a la que policías, psicólogos o médicos forenses agregan la de “nerviosa” y en “estado de shock”.

“Conjunta y organizada” La fiscal Sarasate, que dedicó dos horas a la presentación de su informe en la sala, aseguró que los cinco acusados “actuaron de forma conjunta y organizada”, mientras la joven denunciante “no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando”. “Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda”, zanjó. Además, la fiscal insistió en que “la declaración de la víctima cumple todos los requisitos para darle absoluta y totalmente credibilidad y sin embargo la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes”. “Ellos sí sabían a lo que iban y lo tenían claro”, dijo ante la sala, donde los cinco acusados estuvieron sentados detrás de sus defensas y en frente de la fiscal, siguiendo la sesión con aspecto serio y tranquilo.

Tras ello, Sarasate señaló que “ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil”, por lo que ratificó su petición de 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados. La fiscal hizo un relato pormenorizado de cómo ocurrieron los hechos a su entender desde que la joven se encontró con los cinco acusados y hasta que estos fueron detenidos. “Ha quedado perfectamente acreditado el daño moral y que la víctima ha tenido sufrimiento moral”, resumió la fiscal.

Con todo, y a pesar de la profusión de datos recopilados por el ministerio público, el abogado de tres de los acusados por la supuesta violación grupal, Agustín Martínez Becerra, se mostró “sorprendido” porque a su entender la fiscal “ha omitido muchísimos datos que forman parte de la causa”. Según dijo, tanto el ministerio público como las acusaciones “son prácticamente una repetición de sus escritos de acusación”. “No han aportado nada”, criticó el letrado. - Efe/E.P.

70

Ayer, primera jornada abierta al público, únicamente se permitió la entrada a 70 personas: 46 periodistas ya acreditados y 24 ciudadanos, entre los que no ha habido ningún familiar ni de la denunciante ni de los acusados. Ninguno pudo introducir cámaras, grabadoras o teléfonos. Y los periodistas solo pudieron entrar en la sala con cuaderno y bolígrafo. Hoy será el turno de las tres defensas de los cinco acusados.