Madrid - La asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) denunció ayer que desde mayo de 2010 se han impuesto en el Estado cerca de un millón de multas con importes y detracción de puntos superiores a los establecidos en la Ley de Seguridad Vial. Según esta asociación, sólo en el último año esta cifra ha sido de casi 300.000. “La DGT ha impuesto 285.137 sanciones por exceso de velocidad con importes y detracción de puntos por encima de lo que marca la ley, esta cifra supone aproximadamente el 10% del total de las denuncias formuladas por los radares fijos y móviles de la DGT en 2016”, denunció el presidente de AEA, Mario Arnaldo.

En este sentido, Arnaldo mostró su satisfacción por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, en la que reduce la multa y anula la pérdida de puntos de carné a un conductor al considerar que la DGT no aplicó el margen de error -establecido por la ley- en uno de los radares que detectó a este conductor. Los radares de Tráfico captaron a esta persona circulando a 152 kilómetros por hora por la R-2, a la altura del kilómetro 48, en la provincia de Guadalajara, por lo que se le impuso una sanción de 300 euros y la pérdida de dos puntos de carné. Sin embargo, el tribunal madrileño, que estimó el recurso planteado por el conductor, representado legalmente por AEA, a la resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Guadalajara, de 30 de junio de 2016, redujo la multa a 100 euros y anuló la pérdida de puntos.

Según informa AEA, para la resolución del caso, el tribunal madrileño aplicó una doctrina jurisprudencial anterior fijada en una sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la que se establecía que la velocidad que aparecía en un radar no era la real porque “no existe una programación de los aparatos para que ya lleven inserto en sus cálculos tales márgenes cuando se les permite funcionar con ellos”.

Según indica AEA, esta nueva resolución judicial también avala la denuncia realizada en 2010 por la organización, respecto del erróneo criterio que la DGT, el Gobierno Vasco, la Generalitat de Catalunya y más de una docena de ayuntamientos están aplicando desde entonces para sancionar los excesos de velocidad. - Europa Press