Gasteiz - La secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Marian Elorza, defendió ayer en el pleno del Comité de Regiones de la Unión Europea los visados humanitarios para las personas que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra y de la pobreza. Elorza participa estos días en el pleno del Comité de las Regiones de la UE, foro en el que está planteando la postura del Ejecutivo vasco en relación a la legislación europea.

En total, el Gobierno Urkullu va a presentar 36 enmiendas a distintos dictámenes relacionados con la migración a través del mar Mediterráneo, con las emisiones de CO2, con la política agraria común (PAC), y con la dimensión local y regional del programa Horizonte 2020.

En materia de inmigración, la secretaria general de Acción Exterior mostró el apoyo del Gobierno Vasco a la puesta en marcha de corredores y de visados humanitarios para las personas refugiadas como “vía segura y accesible” a la UE. Además, apostó por una gestión descentralizada de la inmigración que garantice la igualdad en la atención y en los derechos.

Antes de incorporarse a la sesión plenaria, Elorza se reunió con el comisario para la Unión de la Seguridad, Julian King, con el que habló de la prevención del terrorismo, de la lucha contra el crimen organizado y del cibercrimen.

Reubicación de 500 refugiados Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Estado ofrecerá a la Unión Europea (UE) la reubicación de 500 personas más al mes, en los tres próximos meses, para agilizar la crisis migratoria existente en Europa. Esta decisión llega tras una petición de Bruselas para que los países hagan un “esfuerzo adicional” en materia de acogida.

Durante el Pleno de control al Gobierno en el Congreso, Sáenz de Santamaría se defendió de las acusaciones de “inacción” en esta materia que le lanzaron tanto la vicesecretaria general del PSOE y el diputado del PDeCAT. Ambos le rercordaron que hasta ahora se ha recibido a menos de 2.000 inmigrantes, cuando se había comprometido a acoger a más de 17.000 antes del 27 de septiembre. Sin embargo, la vicepresidenta indicó que no se trata de un problema del Estado sino “compartido”. - Efe/E. P.