Bilbao - Euskadi envejece. Y no solo porque aumente la esperanza de vida, sino, sobre todo, porque la proporción de personas mayores respecto a la población más joven es cada vez es más elevada y todas las proyecciones demográficas indican que es una tendencia que se va a mantener en los próximos años. Atender las necesidades de ese creciente número de personas mayores requiere actuaciones en varios frentes y uno de ellos es el de las residencias en las que muchas viven sus últimos años. En la actualidad el Gobierno Vasco está tramitando un Decreto sobre Centros Residenciales para Personas Mayores -que se prevé aprobar antes de un año- que sustituirá a una regulación que data de 1998 y que podría suponer un hito al elevar los estándares de atención digna y erradicar las sujeciones.
“El texto del decreto incide mucho en el tema de la dignidad de la persona usuaria, algo que ya está presente en la regulación actual, pero le hemos dado una vuelta de tuerca al establecer toda una serie de requisitos y medidas para evitar las sujeciones físicas y farmacológicas”, explica Emilio Sola, director de Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El decreto que regulará las residencias para mayores, tanto las que gestionan empresas con ánimo de lucro como las que dependen de instituciones y organizaciones no lucrativas, nace de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento Vasco; de ahí que aunque en junio se haya presentado en la cámara el texto del borrador, el proyecto todavía tenga por delante toda la tramitación y su análisis por parte de diversos organismos.
Es previsible que en este trayecto se avance aún más en una regulación que no solo cambia el enfoque de la atención a las personas mayores y mejora, respecto a la situación actual, los ratios de personal, dotaciones y equipamientos requeridos en las residencias, sino que también restringirá al máximo la utilización de sujeciones o restricciones de las personas ingresadas.
La utilización de sujeciones mecánicas o farmacológicas en la asistencia geriátrica está cada vez más cuestionada pero en muchos casos se mantiene con el argumento de proporcionar seguridad y evitar accidentes a las personas atendidas en residencias y otro tipo de centros. Según la información que maneja la Fundación Cuidados Dignos, cuya función es contribuir a la mejora en los cuidados que reciben las personas que viven en organizaciones de atención sociosanitaria, la prevalencia global de utilización de dispositivos de sujeción en el cuidado de personas en los centros estatales se sitúa entre un 10 y un 20%. Ese porcentaje puede llegar al 40% según otros cálculos, mientras que en países como Alemania y Reino Unido el uso de sujeciones físicas y químicas (medicación) no llega al 5%.
La intención del Departamento de Empleo y Políticas Sociales -indica Emilio Sola- “es dar un paso más respecto al borrador que manejamos y evitar las sujeciones”. El director de Políticas Sociales añade que en Euskadi ya hay centros que han logrado la eliminación de restricciones con la aplicación de un modelo de cuidado denominado Libera-Care. “Vamos a hablar con instituciones que gestionan centros, tanto públicos como privados, para ver hasta qué punto este modelo se puede generalizar y llevar a la práctica, pero muchos expertos nos dicen que sí, que es viable. Por eso vamos a visitar centros residenciales donde ya se está aplicando porque creemos que el futuro en la atención a las personas primando el respeto y la dignidad pasa por ahí. En el decreto ya planteamos que la aplicación de restricciones solo se puede dar en casos muy excepcionales, muy extremos, con prescripción médica y el consentimiento informado de la persona usuaria o su representante. Pero queremos dar un paso más allá que consiste en evitar las sujeciones. Tenemos que ver que eso es posible... En septiembre vamos a tener otra reunión con las fundaciones Cuidados Dignos y GSR (Gestión de Servicios Residenciales) para analizar la aplicación del modelo Libera-Care y visitar centros. Lo vamos a debatir y estudiar porque si damos ese paso de erradicar la práctica del cuidado con sujeciones, sería un logro muy grande”, opina Emilio Sola.
La eliminación de sujeciones sin menoscabo de la seguridad de los residentes se logra a través de la formación específica del personal. “El personal de las residencias -dice Sola- tiene que estar entrenado para saber responder a las situaciones que generan las personas que ahora se controlan con restricciones, no deben ponerse nerviosos y tienen que saber ver que esa persona no está requiriendo atención continuamente porque sí o por llamar la atención, sino porque tiene una enfermedad mental. El personal, si está debidamente entrenado, sabe responder. No se puede recurrir a atar a esa persona para que no esté continuamente desplazándose porque puede caerse, es una cuestión de pedagogía del personal, de formarles al máximo. Entonces el modelo puede funcionar”.
Un nuevo modelo Al explicar los principales cambios que supondrá la nueva regulación de residencias para personas mayores con respecto a la actual, el director del Políticas Sociales destaca que “el modelo asistencial definido por la legislación vigente, la del 98, está muy orientado y pensado en función del personal, de la distribución de los turnos de trabajo y cosas así. El modelo que se plantea ahora es todo lo contrario, está basado en las personas y, concretamente, en las necesidades de las personas usuarias de manera individualizada. Supone un giro enorme en cuanto a modelo de atención y eso que en la regulación vigente ya se habla de respeto a la dignidad de las personas usuarias”. Emilio Sola reconoce que la actual legislación “ha quedado un poco obsoleta en cuanto a ratios de personal”, mientras que en la nueva “los ratios de atención se centran más en los tipos de cuidados que en las tipologías profesionales”. “No se trata tanto de establecer cuánto personal médico o de enfermería, cuántos auxiliares debe haber, sino cuánta atención médica, cuanta atención psiquiátrica, de enfermería o psicológica”. En opinión del director de Políticas Sociales, en el texto se ha plasmado algo que “supone un avance, pero el mayor logro es que se establece un nuevo modelo de atención centrado en la persona. Un modelo que no tiene nada que ver con lo que eran los modelos asistenciales de aquel año, del 98, en los que todo estaba muy centrado en la distribución del trabajo en los centros, en cómo lo hacemos más eficaz desde el punto de vista de la empresa o institución. Ahora planteamos todo lo contrario: cómo resolvemos mejor las necesidades que tiene cada una de las personas usuarias, no en bloque, sino individualmente y cómo las atendemos mejor pero centrándonos en esa persona, no en lo que necesita el personal o lo que necesita la empresa”.
De hecho, el articulo 27 del borrador señala que “la atención que se preste en los centros residenciales a cada persona residente deberá ser integral, es decir, se deberá tender a la consecución de un modelo global de salud y bienestar, que deberá abarcar, debidamente coordinados entre sí, los aspectos sanitarios, físicos, sociales, psicológicos, ambientales, convivenciales, relacionales, culturales y otros. Se prestará, asimismo, una atención personalizada adaptada a las necesidades de cada residente, mediante la elaboración de un plan de atención individual (PAI)”.
Envejecer en casa La regulación de los centros residenciales para mayores es un paso importante pero no suficiente para cubrir todos los frentes que presenta el reto del envejecimiento. Por ese motivo desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales destacan las iniciativas contenidas en la Estrategia vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020. “Estamos potenciando que las personas mayores puedan permanecer en su vivienda, porque eso es lo que prefiere la mayoría. La gente -explica Emilio Sola- no quiere ir a una residencia, sino vivir en su propia casa. Nos lo dicen todas las encuestas que hemos realizado desde los años 80. La opción mayoritaria es vivir la vejez en casa, pero contando con apoyos suficientes”.
En el catálogo de apoyos para personas mayores o dependientes entran desde la ayuda a domicilio hasta las prestaciones económicas de asistencia personal o de cuidados en el entorno familiar, los centros de día y la coordinación de los servicios sociosanitarios. Un servicio que cobra cada día mayor importancia es, en opinión de Emilio Sola, la teleasistencia, que da acceso, entre otros, al consejo médico, los servicios de emergencias, la atención y vigilancia a distancia o las llamadas de acompañamiento. El director de Políticas Sociales destaca que este servicio está muy bien valorado y coloca a Euskadi cerca de los países más avanzados en atención a las personas mayores, aunque aún tiene por delante el reto de la digitalización de más hogares.
Proyecto. El nuevo Decreto tiene por objeto regular los requisitos materiales, funcionales y de personal de los centros residenciales para personas mayores y establecer las condiciones para su funcionamiento, acreditación y homologación. Será de aplicación a todos los centros residenciales para personas mayores, tanto de titularidad pública como privada, ubicados en la CAV.
Usuarios. Las personas usuarias de los centros residenciales serán personas con una edad igual o superior a 65 años en situación de dependencia o, en su caso, de riesgo de dependencia y, con carácter excepcional, personas mayores de edad que puedan equipararse a dicho colectivo por circunstancias personales y/o sociales.
Sujeciones. Libera-Care nació ante la inquietud de un conjunto de profesionales del ámbito de la geriatría y la gerontología frente al excesivo uso de las sujeciones en el Estado español y el deseo de impulsar un nuevo paradigma de cuidados.
