Más de la mitad de los ciudadanos no sabe dónde solicitar una RGI

Una encuesta encargada por el Gobierno Vasco e incluida en el documento para la reforma del Sistema de Garantía de Ingresos señala que solo el 42,4% de los ciudadanos dice saber dónde se solicita una RGI y que el 57,6% lo desconoce. Según los redactores de la encuesta, que más del 80% de los ciudadanos conozca la RGI es “un dato que se considera muy elevado, pues no se encuentra este tipo de conocimientos en otros servicios sociales, ya que normalmente alcanzan a los interesados y no al resto de la sociedad. En el caso de la RGI el conocimiento es casi total” a pesar de que solo un tercio de la población conoce a alguien de su entorno que la reciba o la haya recibido.

Las personas que por su situación económica podrían necesitar tramitar y obtener ayudas sociales (clase media baja/baja) y las personas que están en paro son las que en mayor medida afirman saber a qué institución deben dirigirse para pedir una RGI, mientras que entre los estudiantes apenas un 19,1% conoce ese dato. La encuesta también ha revelado que muchos de los que aseguran conocer el lugar en el que deben solicitar ayudas en realidad están equivocados: el 11,1% se dirigiría a los Servicios Sociales, el 3,5% a su ayuntamiento, el 1,3% a la Seguridad Social, el 0,9% al Gobierno Vasco y el 0,8% a la Diputación, mientras que el 24,8% se personaría en las oficinas de Lanbide.

Buena parte de los ciudadanos encuestados -el 42,6%- no se pronuncia sobre la institución que “debería gestionar la RGI”, pero entre los que tienen opinión al respecto el 22,2% señala que debería hacerse desde los servicios sociales municipales y forales, un 20,5% opta por que la gestión de estas ayudas siga en Lanbide, “como está ahora”, un 8,1% cree que debe recaer en la Seguridad Social, “tal y como se gestionan las pensiones”, y un 6,6% las derivaría a las Haciendas forales, “tal y como se hace con el IRPF”. En el ámbito de la valoración de la RGI hay una importante mayoría de personas -el 80,8%- que considera que quienes reciben ayudas sociales las necesitan para vivir.

Las opiniones están más polarizadas cuando se pregunta por las consecuencias de contar con un sistema de rentas mínimas, ya que el 50% opina que “la posibilidad de poder recibir ayudas sociales hace que la gente se vuelva perezosa”, frente a una 41,3% que discrepa de esta afirmación y un 8,7% que no opina. También hay un 45,4% de los encuestados que está de acuerdo con la idea de que “gran parte de quienes perciben ayudas no quieren trabajar” y un 46,4% que piensa lo contrario.

Ayudas y empleo La edad, el nivel formativo y la ocupación de las personas marcan grandes diferencias entre quienes creen que los perceptores de ayudas no tienen intención de trabajar y los que opinan que prefieren un empleo a una prestación. La primera opinión es mucho más frecuente entre quienes carecen de estudios o tienen estudios primarios, entre las personas que se dedican a tareas del hogar o están jubiladas, y los ciudadanos de más de 60 años. Por el contrario, las personas con estudios universitarios, los estudiantes y los menores de 30 años son los que más muestran su desacuerdo con la idea de que las ayudas sociales desincentivan la búsqueda de trabajo. De hecho la casi totalidad de la población (el 97,4%) considera que debe haber una voluntad en “querer encontrar un empleo” entre los perceptores de la RGI. De igual forma opina un 86,5% al respecto de la obligación de asistir a cursos de formación.

Según la entidad que ha realizado la encuesta, la población considera que la RGI debe ser un último recurso, siendo más positiva la creación de empleo y facilitar acceso al mismo que ofrecer rentas, opinión compartida por el 78,7% de la población. Más de la mitad de los vascos (el 56%) opina que “gracias a la RGI las tasas de pobreza en Euskadi son más bajas que las de otras comunidades autónomas”, algo más de un 15% piensa lo contrario y un 28,8% prefiere no posicionarse en esta cuestión.

Respecto a los requisitos para acceder a una RGI, algo más de un tercio (el 35,3%) de los ciudadanos es partidario de endurecer las condiciones actuales y hacer más difícil la obtención de ayudas. Frente a estos hay un 16,2% que optan por hacer más flexible y más fácil el acceso, y un 22,3% que prefieren que las condiciones se mantengan como hasta ahora. En este sentido, cuatro de cada diez ciudadanos creen que el tiempo de empadronamiento o trabajo en Euskadi exigido para poder recibir una RGI debe mantenerse en los plazos actuales, mientras que el 26,3% considera que debería aumentarse y un 12,2% que debería exigirse menos tiempo de residencia o cotización laboral.

Aunque la mayoría de los ciudadanos reconoce las bondades del Sistema de Garantía de Ingresos y su utilidad para reducir las tasas de pobreza, hay una gran desconfianza y un alto nivel de crítica sobre la gestión de las ayudas desde el punto de vista del fraude. En las conclusiones del informe se destaca que “la gestión de Lanbide esta tocada por los impactos mediáticos de casos aislados de fraude, y es valorada por un tercio de la población como Regular, por uno de cada cuatro como Bastante o Muy buena y por un 15% como Bastante o Muy mala. Resulta paradójico pero los casos de correcta gestión encontrando fraude se vuelven en contra, y en lugar de interpretarse como aciertos de gestión se perciben como deficiencias del sistema”. Así, el 80% afirma que en la gestión de la RGI hay fraude, para algo más de la mitad de estas personas “el fraude está muy extendido” y para tres de cada diez no es mayor que el que se da en otras prestaciones o ayudas. Apenas un 6% de los vascos dice que no hay fraude. Además, el 93,1% de los encuestados apoya la idea de que Lanbide agilice las tramitaciones y persiga los incumplimientos y el fraude, y el 94,6% cree que se deben perseguir las conductas fraudulentas para preservar el sistema para aquellos que verdaderamente lo necesitan.

RGI e inmigrantes La opinión de los vascos sobre la presencia de extranjeros entre los perceptores de la RGI se divide en tres bloques no muy diferentes entre sí y formados por quienes piensan que la presencia de personas de origen estatal es mayoritaria (20,5%), lo que creen que los inmigrantes superan a los autóctonos (27,1%) y los que eligen la opción de que hay más o menos la mitad de cada colectivo (19,3%). Preguntados sobre el polémico tema del acceso de los inmigrantes a las ayudas sociales (RGI, PCV y AES) más de la mitad de los ciudadanos (el 53,9%) señala que “todas las personas, las de aquí y los inmigrantes, deberían poder acceder a la RGI si lo necesitan, según los requisitos actuales”; un 26,3% se decanta por la opción “todas las personas inmigrantes deberían tener derecho, en caso de necesidad, a percibir la RGI, pero después de percibirla todas las personas de aquí que la necesiten”; un 9,9% opina que “la RGI debería ser una ayuda a la que sólo tuvieran acceso los inmigrantes con residencia legal”; y un 3,6% que “ninguna persona inmigrante debería tener derecho a percibir la RGI”.

Para más de la mitad de los encuestados hay una relación directa entre la llegada de extranjeros y las ayudas a las que se puede acceder, ya que el 54,3% opina que si no hubiese RGI habría menos inmigrantes. Esta opinión es mucho más frecuente en Araba, donde es compartida por el 60,6% de los encuestados, que en Bizkaia (50,4%) o Gipuzkoa (57,7%).

Total. Según un estudio realizado por SiiS, Centro de Documentación y Estudios, en 2015 la Comunidad Autónoma Vasca gastó 488,3 millones de euros en el pago de RGI y ayuda para vivienda. Se trata de la cifra más elevada del Estado español.

Titular. El gasto anual total por cada titular de la prestación también es más alto en la CAV que en otras comunidades: 6.075,42 euros.

Habitantes. El gasto anual en RGI por cada habitante de la CAV asciende a 223 euros, frente a los 6,45 euros de Valencia

635

En la actualidad, un perceptor individual de la RGI recibe 634,97 euros mensuales.