MADRID - Pese a reconocer en sus informes que España es un país “muy vulnerable a los impactos del cambio climático y que estos se agravarán”, el proyecto de Presupuestos Generales 2017 presentado la semana pasada señala que en 2016 no se ejecutaron los 17,1 millones previstos para adaptación. Así lo pone de manifiesto el proyecto de Cuentas que el Ejecutivo español acaba de presentar, en el que cifra con un “cero” la ejecución de los 17,1 millones de euros que había previstos el pasado año para el programa PIMA Adapta (Plan de Actuaciones prioritarias en agua, costas y biodiversidad).

España pertenece al grupo de países que han decidido, siguiendo las recomendaciones de los científicos, que las políticas de adaptación al cambio climático estén al mismo nivel que las de mitigación (reducción de gases contaminantes) ya que aunque las emisiones a la atmósfera cesasen hoy, la acumulación de las que ya hay persistirá varios siglos con sus correspondientes impactos.

Entre las consecuencias que los informes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) predicen para España están un avance de la desertización (que podría abarcar el 80 % de la península en la segunda mitad de siglo), descenso del agua dulce disponible, o incremento de la intensidad de temporales y lluvias torrenciales.

Con el fin de prepararse para estos impactos, el Gobierno español incluyó por primera vez una partida para la adaptación al calentamiento en 2015 denominada PIMA Adapta: 12,1 millones de euros para 46 actuaciones como la restauración de dunas, marismas y humedales, estabilización de las partes bajas de los estuarios o la reducción de la erosión.

Estas medidas de protección frente a impactos se llevaron a cabo “donde los informes nos dicen que hay que actuar”, dijo en su momento la ministra Isabel García Tejerina, y su presupuesto fue ejecutado en su totalidad, según consta en las cuentas públicas. El PIMA Adapta se mantuvo en las cuentas de 2016, con cinco millones más hasta un total de 17,1, sin embargo el proyecto de presupuestos 2017 asegura que no hubo ejecución de esta partida ni la dota en este ejercicio.

En este sentido, la financiación a la adaptación procede de los ingresos que recibe el Gobierno español de las subastas de derechos de emisión, es decir, lo que paga la industria y el sector de la generación eléctrica por contaminar, que en el periodo 2012-16 ascendieron a 1.600 millones.

Sobre esta línea, la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz lamenta que el Gobierno “no haya ejecutado en 2016 ni presupueste para 2017 las medidas de adaptación al cambio climático en las que está en juego la seguridad ciudadana”. Ruiz espera que los presupuestos ambientales sean modificados en el Parlamento, ya que “tal como están planteados no permiten el cambio de modelo hacia una economía baja en carbono que el país necesita”, y recuerda que la prevención del cambio climático estaba dotada de 166 millones en 2009. El secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, señala que es “un escándalo que las partidas ambientales decrezcan cada año”.