madrid - El Consejo de Ministros aprobó ayer la ampliación hasta 2020 de la moratoria antidesahucios de vivienda habitual para familias vulnerables, que desde ahora, incluirá a aquellas que tengan hijos menores de 18 años, frente a la edad de tres años que se contemplaba antes.
El real decreto ley aprobado ayer prorroga tres años más la citada moratoria según explicó tras el Consejo de Ministros, el titular de Economía, Luis de Guindos, que aseguró que con la citada norma “se amplía y profundiza” en las medidas de protección a los colectivos más vulnerables por la crisis.
De Guindos aseguró que el real decreto ley aprobado, además de ampliar hasta 2020, la moratoria de las ejecuciones hipotecarias que afectan a los colectivos más vulnerables -que estaba en vigor desde 2013-, incluye otros supuestos para que más familias puedan acogerse tanto al Código de Buenas Prácticas como a la suspensión de lanzamientos.
Así, gracias a la flexibilización de los criterios, se considerarán familias vulnerables aquellas con hijos menores de edad, o aquellas que sean monoparentales con hijos a cargo, en vez de con dos como hasta ahora.
Igualmente, podrán acogerse a las medidas, aquellas unidades familiares con las que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentre en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave.
De la misma manera, podrán acogerse aquellas familias en las que exista una víctima de violencia de género tal y como explicó en una nota el Ministerio de Economía, que precisó que en la suspensión de lanzamientos, se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones por desempleo.
Por otro lado, en otra serie de medidas, el Código de Buenas Prácticas incluye la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada. Así, durante el plazo de vigencia de la suspensión del lanzamiento, el deudor podrá solicitar un alquiler de la vivienda en condiciones favorables, y el precio máximo anual del citado alquiler será el 3% del valor de la casa al tiempo de la aprobación del remate determinado según tasación.
El arrendamiento tendrá una duración de cinco años, que podrá ser prorrogable otros cinco más de mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario de la vivienda.
recuperación de la vivienda El ministro de Economía añadió que en el plazo de ocho meses tras la entrada en vigor del real decreto ley, propondrá medidas que estén destinadas a facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores incluidos en la aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos, cuando hubiera sido objeto de una ejecución hipotecaria. Unas medidas que habrá que desarrollar y que previsiblemente se incluirán en la reforma de la Ley Hipotecaria.
Entre estas medidas podría encontrarse la aplicación de descuentos en función de las cantidades satisfechas por el ejecutado, así como otros factores que garanticen un precio equitativo.
Por último, De Guindos indicó que las citadas medidas anunciadas ayer completan las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno en 2012, que en conjunto “han beneficiado a prácticamente 80.000 familias” (78.600).
Según los datos de Economía, en estos cinco años, se han suspendido más de 24.000 lanzamientos, mientras que 45.600 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas, mediante 38.500 reestructuraciones de deuda, y 7.000 daciones en pago. También se han adjudicado 9.020 viviendas mediante el Fondo Social de Viviendas.
De Guindos destacó que “lo importante” es que el número de desahucios de vivienda habitual en cifra interanual ha caído en torno al 30% en los dos últimos años.
El ministro de Economía, que manifestó que la norma ha sido negociada con un amplio consenso -PSOE, Ciudadanos, PNV y CC- se mostró optimista ante su aprobación. - Efe/E.P.