Madrid - Más de un centenar de internos fugados y varios motines ocurridos en los últimos meses del año han vuelto a cuestionar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y han reabierto el debate sobre la eficacia e idoneidad de estos lugares. En 2015, según los datos del Ministerio del Interior, 6.930 internos pasaron por alguno de los siete centros que hay repartidos por el Estado, de los que cuatro de cada diez son expulsados del país tras permanecer un tiempo medio de 24,4 días.
Un CIE es un centro público no penitenciario donde se retiene, privados de libertad y de manera cautelar y preventiva y durante un máximo de 60 días, a los extranjeros que llegan al Estado que son sometidos a un expediente de expulsión del territorio nacional. Interior defiende que los CIE son eficaces y necesarios, pero el ministro, Juan Ignacio Zoido, ha admitido que “pueden y deben mejorar”, por lo que ha anunciado que impulsará la creación de un grupo de trabajo integrado por distintos ministerios, ONG y partidos para diseñar otro modelo.
El catálogo de quejas llega desde las ONG y los partidos de la oposición hasta el Defensor del Pueblo y alguno de los jueces de control de estos centros, como Ramiro García de Dios.
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha cuestionado las condiciones de estos centros, en los que ha dicho que existen “muchas deficiencias”, y ha pedido al Gobierno que habilite más presupuesto para mejorar sus instalaciones, así como una “mayor cobertura sanitaria”. Becerril, quien se ha reunido con el ministro del Interior para trasladarle sus peticiones, sostiene que la sobrepoblación es el principal problema de los CIE, en los que se mezcla a personas en situación irregular pero sin historial delictivo con otras que sí lo tienen.
Más lejos aún ha ido el juez García de Dios, quien directamente pide el cierre de estos centros de “sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial”. Precisamente, él es el juez de control del centro que más incidentes ha registrado en el último año, el del distrito madrileño de Aluche, donde se ha producido una fuga, varios motines y huelgas de hambre durante los meses de octubre y noviembre.
“Somos solo cinco o siete por turno para unos cien internos, y no llevamos armas ni chalecos”, alertó un funcionario del CIE de Aluche tras un motín en octubre. En su opinión, en esas condiciones es imposible garantizar la seguridad y evitar “una tragedia”.
Otros centros también han dado que hablar. El de Zona Franca de Barcelona, que abrió sus puertas en julio tras más de medio año de cierre pese a la oposición de la alcaldesa, Ada Colau, o el de Sangonera La Verde (Murcia), donde se han registrado fugas y motines, con agresiones a los trabajadores. A estos hay que sumar los diversos problemas ocurridos en el resto de centros que hay en España: Valencia, Tenerife, Las Palmas y Algeciras (Cádiz), el que más internos acoge, hasta el punto de que tiene un anexo en Tarifa.
El Partido Popular ha sido el único grupo en el Congreso que ha mantenido que estos centros ofrecen un trato “apropiado” con los derechos humanos y ha defendido su papel en el desarrollo efectivo de políticas para el retorno de los inmigrantes, haciendo así caso omiso de las propuestas aprobadas en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Valencia que exigían su cierre.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ya avisó en 2015 que algunos de los centros habilitados no reunían las condiciones mínimas para asegurar la calidad de vida de los internos. Mientras, la Comisión Europea planteó en un informe de 2013 medidas alternativas a la detención, como la obligación de presentarse en comisaría regularmente o la entrega del pasaporte, que no solo evitarían la privación de libertad y la probabilidad de que se produjeran abusos, sino que a su vez reducirían los costes que estos centros tienen para el Estado.
