Barcelona - Un juez de Rubí (Barcelona) acordó ayer enviar a la cárcel al violador Tomás Pardo, acusado de agredir sexualmente a una mujer e intentar matarla el pasado sábado, cuando disfrutaba de un permiso penitenciario de tres días. El juez de vigilancia penitenciaria denegó en 13 ocasiones los permisos al preso, pese a que el Departamento de Justicia los recomendaba desde 2013 y le permitió 18 salidas puntuales que no requerían autorización judicial.

Según informaron fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 6 de Rubí, ante quien el acusado se negó ayer a declarar, acordó su ingreso en prisión provisional por los delitos de detención ilegal, robo con violencia, agresión sexual, asesinato en grado de tentativa y estafa. El juez, que también atribuye al violador reincidente un delito de lesiones, ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Pardo fue detenido por los Mossos d’Esquadra el pasado domingo en Igualada (Barcelona), después que el día anterior supuestamente abordó a una mujer en esta localidad y se la llevó hacia una zona boscosa de Castellbisbal (Barcelona) -situada a unos 45 kilómetros-, donde la violó e intentó matarla a navajazos. La policía catalana se puso tras la pista de Pardo, que cumple una condena de 26 años de cárcel que le impusieron en 2005 por otra violación e intento de homicidio casi idéntico ocurrido en 2002, gracias a que su sobrino intentó sacar dinero de un cajero automático con la tarjeta de crédito que le había sustraído a la víctima.

Cuando los equipos de emergencia acudieron a la zona boscosa a rescatar a la mujer, que había podido avisar por teléfono pese a quedar malherida, ésta les aseguró que el violador le confesó que la tenía que matar porque tenía antecedentes por hechos parecidos, según las fuentes. El violador reincidente disfrutaba de un permiso de tres días -el tercero de estas características que le concedían-, que la justicia había avalado tras recibir informes favorables sobre su evolución por parte de instituciones penitenciarias.

NO cambiar la ley El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, defendió ayer que la ley no debe cambiarse sólo “porque en algún caso lamentable se hayan producido efectos perversos”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Asistencia a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, Tina Alarcón, lamentó “profundamente” el caso y reclamó un control policial “exhaustivo” para estos “delincuentes sexuales en serie” y tratamientos psicológicos “de años duración”. - Efe/EP