Donostia - La Diputación de Gipuzkoa acusó ayer al anterior Ejecutivo foral (de Bildu) y, en particular, a la diputada Larraitz Ugarte, de falsear datos para justificar la querella presentada por las presuntas irregularidades en la liquidación de las obras de la AP-1 (Eibar-Gasteiz) y en las que se acusó al Gobierno de Markel Olano en el periodo 2007-2011 de abonar una serie de trabajos por valor de 30,7 millones de euros que no llegaron a realizarse.

Esta querella estaba fundamentada en un informe técnico llevado a cabo por la empresa Ingeotyc y que ahora ha sido revisado por los servicios jurídicos de la Diputación así como de la sociedad foral y promotora de la obra, Bidegi. En base a este informe, que ya ha sido presentado ante el Juzgado de Azpeitia que instruye el caso, se concluye que “las cantidades abonadas son correctas” y que los informes encargados por Bildu “evidencian una sistemática carencia de análisis y adoptan valores de partida erróneos que generan conclusiones erróneas”, por lo que estos informes “no pueden considerarse válidos”.

“Es un informe hecho a medida del anterior Gobierno, con unos claros fines políticos, que está basado en mentiras, omisiones sistemáticas y manipulación”, denunció la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, quien compareció primero ante la prensa acompañada por el director general de Bidegi, Alfredo Etxeberria, y posteriormente en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde acudió junto con las personas que han realizado la revisión del informe.

Pese a las contundentes y graves acusaciones realizadas ayer por Oiarbide, desde EH Bildu se limitaron a exigir al Gobierno foral a que “lleve hasta el final” el proceso judicial abierto en los juzgados de Azpeitia “sin realizar presiones externas de ningún tipo”, al tiempo que exigieron “transparencia” en todo el proceso.

Pagos “debidamente acreditados” Según se desgrana en este nuevo informe, relativo al depósito de sobrantes de tierra de Basagoiti-2 y a los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki, más conocidos como túneles de Arlaban, queda “debidamente acreditado” que al comienzo de las obras el depósito de Basagoiti “no estaba operativo”, por una serie de licencias que faltaban, por lo que se optó por trasladar las tierras a otros depósitos temporales, “ya que está solución era mucho más barata que retrasar la obra”.

Además, la diputada aportó una serie de fotografías en las que quedaría demostrado que el resto de tierras sobrantes se utilizaron para llevar a cabo “rellenos, sostenimientos y restauraciones ambientales” Todo ello conforma un total de 853.564 metros cúbicos de tierra que no se contabilizaron en la querella de Bildu. “Todos estos datos se contemplan en la documentación de la dirección de la obra, pero se omitieron deliberadamente en el anterior informe”, acusó Oiarbide.

En lo que respecta a los túneles de Arlaban, la responsable de infraestructuras Viarias desgranó que el departamento que dirigía Ugarte encargó una serie de auscultaciones en los túneles para comprobar los volúmenes de hormigón empleados en los mismos que “no resultan representativos” porque se llevaron a cabo “aleatoriamente y sin ningún tipo de criterio”. “En dos de ellos se extrajeron testigos cada 15 metros, mientras que para el otro se optó por extraerlos cada 30 metros. Además, estas auscultaciones no llegaron en ningún momento a la roca”, por lo que a su entender se trata de “procedimiento erróneo”.

Asimismo, y a modo de ejemplo, Oiarbide indicó que la querella recoge que en el túnel de Apotzaga se produjeron dos desprendimientos, cuando la dirección de obra tiene registrados al menos 28.

Todo ello lleva a la Diputación de Gipuzkoa a concluir que la querella impulsada por Bildu “no se sostiene por ningún lado”, ya que “se ha ocultado deliberadamente documentación existente para sostener la falta acusación de que se han abonado cantidades por obras no ejecutadas”.