el conflicto agrícola entre Francia y España, estado este último que representa el 72% de las importaciones galas vitivinícolas, se recrudece tras la escalada de protestas violentas y acusaciones de competencia desleal, etiquetas engañosas y afrancesamiento de vinos españoles.

El número de ataques a camiones españoles y bodegas importadoras crece al ritmo que el vino cruza los Pirineos, mientras los precios españoles del sector se desploman y la legislación europea en la materia sigue sin armonizarse. En respuesta a las movilizaciones de los viticultores galos, que comenzaron en abril con el vertido de 42.000 litros de vino cerca del paso fronterizo de Le Boulou, Francia multiplica desde hace semanas los controles en carretera y la retirada de mercancía en bodegas.

Entre 2000 y 2015, según el organismo estatal FranceAgriMer (FAM), los caldos de origen español pasaron del 20% del total de las importaciones francesas al 72%, una cifra en la que un 65% corresponde a vino a granel y un 7% a embotellado. El problema está en el precio. España se queda con casi tres cuartas partes del volumen del pastel, pero solo representa el 23% de su valor, y es que mientras los vinos embotellados españoles se revalorizan, los que parten a granel se venden cada vez más baratos.

Las tarifas del litro español sin embotellar han caído de los 0,55 euros en 2013 a los 0,32 en 2015, y mientras el hectolitro español en ese formato se vende ahora a entre 30 y 40 euros, el de los caldos galos se sitúa entre los 70 y 80, algo que muchos viticultores tachan de “competencia desleal”. El consejero de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Embajada española en París, Alberto López-Acenjo, dice a Efe que no se trata de dumping por parte del sector español, sino de una pérdida de competitividad de los viticultores galos.

Pero la cuestión llegaba hace pocos días al ministro de Agricultura francés, Stéphane Le Foll, en forma de carta firmada por el senador socialista y viticultor Henri Cabanel, que subrayó la necesidad de una reacción urgente por parte del Gobierno. “El sector está desilusionado y vive la competencia de los países vecinos como una injusticia porque la producción no se lleva a cabo con las mismas restricciones normativas que en Francia”, suscribió Cabanel.

Vino por los suelos La crispación se hizo notar el pasado 3 de agosto en Sete, cerca de Montpellier, en cuyas calles corrieron ríos de vino español; el grupo de acción violenta Comité Regional de Acción Vitícola (CRAV) confirmó la autoría del vertido de la mercancía, propiedad de una importadora de vino ultrapirenaico.

En julio, el CRAV ya se había atribuido el incendio de una bodega cercana a Narbona, acusada por la aduana gala, según el diario Le Parisien, de introducir una cantidad extraordinaria de vino español -25.862 hectolitros en los últimos tres años- para “transformarlo” en vino francés y revenderlo a granel.

Además del afrancesamiento de los caldos, facilitado porque la procedencia geográfica o el tipo de uva en el formato a granel solo vienen indicados en el albarán de compra, el presidente del Sindicato de Viticultores de la región de Aude, Frédéric Rouanet, denuncia también el uso de etiquetas fraudulentas en las botellas. “Hacen creer al consumidor que está comprando vino francés cuando en realidad es español”, dijo en declaraciones a Efe.

Los viticultores galos requieren también que se exija a las autoridades españolas mayores controles sobre sus bodegas porque, según añadió, sospechan que algunos de los vinos que venden a Francia en realidad no provienen del Estado español.

En plena batalla, Rouanet no ve tantos enemigos al otro lado de los Pirineos y apunta en cambio a Bruselas y a la falta de legislación comunitaria en materia de salarios, etiquetado, tasas, normativa o reglamentación en productos fitosanitarios. Desde su sindicato, de hecho, quieren reunirse con representantes españoles del sector para “ayudarles a aumentar sus precios”: A 30 euros el hectolitro, confiesa, “ningún viticultor de la Unión Europea puede vivir dignamente”.