MADRID. Así consta en el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Efe, en el que distintos informes de la Unidad de Delincuencia Financiera (UDEF) detallan el papel que desempeñaban los hijos, los cuñados y cuñadas, y distintos empleados de Conde, desde su abogado a jardineros o conductores.

En total son catorce las personas, entre empleados y familiares, las que aparecen como investigadas, que en uno u otro momento de las diligencias han declarado ante el juez.

Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero, como su hija Alejandra, en tanto que otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo en alguna de las cuentas bancarias controladas por Conde.

En lugar destacado figura Alejandra Conde, en arresto domiciliario desde el pasado 13 de abril, la fecha en la que el juez Pedraz decretó prisión incondicional para Conde, acusado de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales.

Alejandra habría asistido en todo momento y desde finales de los años 90 a su padre en la ejecución de una trama propia del crimen organizado, sostiene la UDEF, y su grado de implicación es el mismo que el del exbanquero.

También como colaborador necesario figura el abogado Francisco Javier de la Vega, que ingresó en prisión el mismo día que Conde y al que el juez Pedraz concedió el jueves la libertad condicional bajo fianza de 100.000 euros.

Pese a que el hijo de Mario Conde figura como titular al mismo nivel que su hermana en las distintas sociedades a través de las cuales Conde habría ocultado a Hacienda sus ingresos como tertuliano y escritor al mismo tiempo que repatriaba fondos opacos procedentes de Banesto, el juez no lo considera un organizador de la trama.

Por eso, mientras Alejandra se encuentra en arresto domiciliario, Mario hijo sólo está obligado a comparecer semanalmente ante el juez tras retirársele el pasaporte.

Parientes de segundo grado que figuran como querellados son su yerno Fernando Guasch Vega-Penichet o su cuñada Paloma Jiménez López de Arenosa, esta última titular de una de las cuentas bancarias en las que Conde ingresaba fondos para hacer frente a gastos corrientes "que indicaban un elevado tren de vida", según la UDEF.

Otro cuñado de Conde, hermano de su primera esposa, ya fallecida es Alejandro Arroyo Botana, a cuyo nombre está inscrita la embarcación de recreo Celta Cuarto; Arroyo no figura en la causa como investigado y no ha sido llamado a declarar ante el juez.

A un tercer cuñado, Fernando Flores Gomis, este sí investigado, se le señala como colaborador en las entregas de efectivo, al mismo nivel que Félix Castells, conserje en Banesto y chófer de Conde, o Carlos Castaño, guardés de la finca Can Poleta, sita en Pollensa (Mallorca), y que por decisión del juez Pedraz podrá ser subastada.

Félix Loza, chófer del exbanquero en Madrid, y Francisco de Asís Cuesta Moreno, persona de máxima confianza que aparece como administrador de varias sociedades patrimoniales de Conde desde los tiempos de Banesto, son otros de los empleados a los que la Fiscalía atribuye la realización de ingresos en efectivo.

Francisco Javier Romero Pumar, que cuenta con la doble nacionalidad española y suiza, habría intervenido de forma activa en la repatriación de fondos desde Suiza, en tanto que María Cristina Fernández Alvarez y Antonio Pérez Fernández habrían desempaño el papel de testaferros.

Otro de los querellados, Roland Stanek, profesor de esquí de nacionalidad eslovaca, que habría colaborado estrechamente con el abogado De la Vega y habría participado activamente en el blanqueo de capitales a través de la sociedad Oleificio, de la que fue administrador único entre 2009 y 2014.