LLEIDA. La diócesis da de plazo hasta setiembre a los interesados para que aporten los papeles necesarios, un proceso que afectará a 80 curas y a otras 500 personas, incluido el prelado, ha publicado este viernes el diario 'Segre'.
"Decreto que en todas las parroquias, comunidades y delegaciones, se obtenga un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de todos los profesionales o voluntarios que realicen tareas pastorales en contacto con niños o jóvenes (presbíteros, religiosos y laicos)", señala el decreto que el Obispado ha colgado en su página web.
Giménez Valls recuerda en su decreto que la Ley 20/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia es aplicable en las actividades con menores de edad, niños, adolescentes y jóvenes, entre los cero y los 17 años, y especifica que afecta a las actividades que se generan en "parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas".
Hasta septiembre las parroquias, delegaciones y otros servicios pastorales pueden entregar la documentación a la Secretaría General del Obispado que hará la petición conjunta del Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.
