La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) no realizará pruebas de admisión específicas para acceder a sus distintas facultades si en junio del año que viene desaparece la Selectividad. La institución académica usará la Prueba Final de Bachillerato -la reválida de la Lomce- para ordenar el acceso de los estudiantes a la universidad. El filtro que se usará en aquellas carreras con númerus clausus será el de ponderar las notas obtenidas en las asignaturas de la reválida relacionadas con el grado que se pretende cursar y que universidad considere “prioritarias”. Las excepciones serán, como en la actualidad, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Traducción e Interpretación. Estas carreras seguirán teniendo pruebas físicas y de idiomas.

Así lo confirmó ayer a este diario el rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia. “Nosotros lo que no queremos es que el estudiante tenga que hacer otro examen”, tras haber superado la Prueba Final de Bachillerato, si es que finalmente se hace en Euskadi en 2017. Este anuncio se produce el día después de que el ministro de Educación presentase el acuerdo alcanzado con el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) por el que la reválida de la Lomce dejará de ser una prueba única para todo el Estado y de tipo test. A expensas de los pasos que dé el Departamento vasco de Educación tras el anuncio del Ministerio del miércoles, la UPV/EHU descarta la posibilidad que la Lomce da a cada universidad para determinar sus criterios de admisión (con pruebas específicas, entrevistas, trabajos...).

“La Universidad del País Vasco ya ha trabajado con los distintos centros para no hacer ninguna prueba específica adicional de la que ya van a tener que hacer los estudiantes, si es que así lo establece el Gobierno Vasco”, afirmó ayer el rector. Esta es la postura oficial que Goirizelaia trasladará a la Asamblea General de la CRUE que se celebrará el próximo día 19 de mayo en Córdoba y en la que las universidades decidirán si aplicarán pruebas de admisión propias o no. Salga lo que salga de esa reunión, no será vinculante. Y es que pese a su capacidad de interlocución con el Gobierno de España, la CRUE no puede imponer sus decisiones a las universidades miembro ya que no es un organismo oficial con capacidad normativa. Solo puede recomendar. O a lo sumo puede expulsar de la CRUE a las universidades díscolas, tal y como acaba de advertir a aquellos centros que no retrasen hasta 2018 la implantación del 3+2, la reforma universitaria del PP que pretende implantar grados de tres años y másteres de dos.

Un giro inesperado El pacto alcanzado entre Méndez de Vigo y el presidente de la CRUE, Segundo Píriz, ha pillado por sorpresa a la UPV/EHU. Máxime, cuando hace apenas un mes la Conferencia de Rectores pidió al Ministerio una moratoria de un año en la aplicación de la reválida. Esto es, que se prorrogue hasta 2018 la Selectividad debido a la “inseguridad jurídica” que genera su eliminación por la falta de tiempo para adaptar la normativa necesaria. En opinión de Goirizelaia, “lo lógico hubiera sido que el Ministerio hubiese aceptado la propuesta de la moratoria de un año y dar más tiempo para que se pudiera trabajar con más tranquilidad”.

El rector observa con preocupación la negociación del real-decreto que regulará la Prueba Final de Bachillerato por parte del Ministerio a lo largo los últimos dos años y medio -con CCAA y universidades en pie de guerra-. Y también el giro del miércoles. Un viraje por el que, aparentemente, el PP renuncia a la implantación de la prueba única de tipo test que defendía el exministro José Ignacio Wert y que no tendrá validez si las CCAA no aceptan. “Para mí es un reflejo de la situación política que vive el país. Yo creo que no se debía haber llevado adelante este nuevo cambio, además con prisas, con un gobierno en funciones, no son formas de trabajar”. Y es que, los cambios anunciados por De Vigo “hacen que mucha gente viva en la indefinición total, hay profesores y alumnos de 1º de Bachillerato que no saben qué va a pasar”. Su valoración de la situación es “negativa, mala. Creo que un país no puede parar los procesos de su educación porque no haya políticos capaces”. Para Goirizelaia lo esencial ahora es saber qué va a hacer el Gobierno Vasco. Si aceptará los cambios anunciados el Ministerio o si, como Catalunya, mantendrá la Selectividad en 2017. En este sentido, el rector quiso aclarar que “una cosa es el derecho de admisión en la universidad, y hemos decidido que no vamos a hacer pruebas específicas; y otra el derecho del acceso a la universidad, la prueba que se regulará mediante el real decreto y que será responsabilidad del Gobierno Vasco”.

La reválida, la ‘línea roja’ Ayer a última hora el Departamento de Educación hizo pública su postura oficial. Según el Gabinete de Cristina Uriarte, los cambios que “al parecer” pretende introducir el Ministerio de Educación en relación a la reválida “siguen siendo una incógnita para el Gobierno Vasco”. Lakua sostiene que el Ministerio no ha remitido “información alguna” al Departamento, por lo que resulta “imposible” realizar “una valoración seria” sobre su contenido “valiéndonos tan solo de la información recibida a través de los medios de comunicación”.

En cualquier caso, el Gabinete de Uriarte opina que el nuevo posicionamiento del Ministerio “supone la anteúltima muestra de improvisación en relación a la Lomce y su aplicación”. Sin entrar a valorar el contenido del acuerdo con la CRUE, creen que esta manera de actuar “aumenta la inestabilidad de sus decisiones y la posibilidad ya demostrada de que lo que se anuncia un día puede carecer de valor más adelante”.

En este sentido, desde Educación señalaron que un gobierno en funciones debería esperar, o bien a la constitución de un futuro gabinete con atribuciones bien definidas, o a contar con un acuerdo mayoritario de las CCAA. “No procede activar el desarrollo de una Ley creada en contra de una inmensa mayoría de manera unilateral. Dichas decisiones quedan al albur de una inestabilidad política que en nada beneficia a los intereses del sistema educativo de Euskadi”, afirmaron.

Respecto a la “hipotética posibilidad” de que finalmente no sea el Estado el que diseñe y decida el contenido de las reválidas, dijeron que “puede quedar en papel mojado”. No en vano, el Ministerio se guarda la competencia de definir el marco legal. Es decir, diseñar y definir el contenido de la Prueba Final de Bachillerato propuesta. Por tanto, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu se mantiene en compás de espera e insta al Ministerio de Educación a que aclare “a la mayor brevedad posible” estos y otros aspectos “de vital importancia” en relación a la reválida de Bachillerato y “que pueden marcar el devenir de los estudiantes de Euskadi”. A día de ayer, la reválida, dijeron, sigue siendo una línea roja. Nafarroa, también aguarda a que el Ministerio se decida a poner blanco sobre negro el acuerdo con la CRUE.